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Proyecto económico del Ejecutivo debe resolverse antes de fin de año en la Asamblea

La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre el proyecto de Ley del Ejecutivo.
La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre el proyecto de Ley del Ejecutivo.
Foto: Asamblea.
28 de noviembre de 2023 - 14:34 - Redacción Web

Los proyectos de ley calificados como económico-urgentes por el Ejecutivo tienen un plazo de 30 días para ser tratados en la Asamblea.El plazo para la aprobación o archivo del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo debería ocurrir hasta el próximo 28 de octubre.

El documento llegó a la Asamblea con fecha 27 de noviembre. El plazo para su tratamiento empezó hoy, martes 28 de noviembre del 2023. La Constitución establece que, si en ese lapso no hay un pronunciamiento del Legislativo, la normativa pasará al Registro Oficial mediante el denominado Ministerio de la Ley.

Pero, la misma Constitución señala que “la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario”.

Lo primero que tendrá que ocurrir, según el constitucionalista Gonzalo Muñoz, es que el proyecto debe ser socializado con todos los asambleístas. De eso se encarga el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle

Después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificar el proyecto. Según Muñoz, en esta etapa se revisan las formalidades con las que debe contar la normativa. Solamente después de eso se decidirá a la comisión a la que se direccionará.

Se prevé que el proyecto se trate en la Comisión de Régimen Económico. Allí, el movimiento oficialista ADN es mayoría y la mesa está dirigida por una de sus asambleístas, Nataly Farinango

Esa Comisión elaborará un informe para primer debate. Una vez que la discusión ocurra en el Pleno, la misma mesa legislativa recogerá las observaciones para un nuevo informe para el segundo debate. Después de esto, el Parlamento podrá aprobar, modificar o archivar la iniciativa del Ejecutivo. 

El último paso será el retorno del proyecto al presidente Daniel Noboa para su veto que puede ser parcial, total o por inconstitucionalidad. 

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