144 personas fueron reportadas como desaparecidas en hospitales de Ecuador
Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre 1973 y 2020 se reportaron 334 personas desaparecidas en entidades de salud; de ellas, 310 han sido localizadas y 24 aún permanecen desaparecidas. La Fiscalía también informó que 201 de estos casos son de adultos; 94 son niñas, niños y adolescentes; 36 son adultos mayores y 3 son menores de un año.
Al menos tres de estos casos son investigados en la Unidad de Personas Desaparecidas de la FGE, uno de ellos está ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La teoría que manejan las autoridades estatales es que los pacientes se fugaron. Si analizamos las cifras de la FGE cabe preguntarse si las 94 personas menores de edad también tuvieron la capacidad de fugarse; incluyendo las tres menores de un año.
Esta teoría de los representantes del Estado en la Corte Interamericana en el caso de la desaparición, en enero de 2004, de Luis Eduardo Guachalá, no fue aceptada y tampoco explica todas estas desapariciones. Argumentar la fuga provoca que las desapariciones de personas en casas de salud no sean investigadas.
Por otra parte, las cifras proporcionadas por la FGE no determinan si las personas encontradas se hallaban con vida o solo se encontró sus cadáveres, en cuyo caso, deberían estar abiertas causas por la existencia de delitos conexos. Si bien los datos de la FGE se obtuvieron mediante una acción de acceso a la información realizada por INREDH, es necesario que esta institución complemente la información proporcionada para establecer las condiciones de las personas que fueron encontradas.
Estas desapariciones, de las que 165 son hombres y 169 mujeres, no solo se produjeron en hospitales públicos; sino que 60 se produjeron en clínicas privadas, 11 en farmacias, 7 en dispensarios médicos, 4 en laboratorios clínicos y 4 en puestos de salud; esto hace ver que, tanto las instituciones públicas como las privadas, adolecen de mecanismos de seguridad para los pacientes y una desaparición puede darse en cualquier momento, incluso en lugares sumamente pequeños como son los centros y sub-centros de salud, en donde han desaparecido 104 personas.
Esto podría cambiar si la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado ecuatoriano por el caso de Luis Eduardo Guachalá, pues sentaría al menos dos precedentes importantes; primero sobre el consentimiento libre e informado para el tratamiento médico de personas con enfermedades mentales, que obligaría al Estado y las instituciones de salud respetar la autonomía y la libertad de decidir de las personas. Y segundo, que estos casos se investiguen como desaparición forzada, lo que obligaría a las investigaciones sean más técnicas y no prescribirían los casos.
Una sentencia de la Corte Interamericana sentaría un hito histórico en la región, ya que garantizaría respuestas más efectivas, judicialización y sanción a funcionarios, así como medidas de no repetición de los hechos”.
