En su alegato de cierre, la Fiscalía solicitó penas máximas, compensación económica a las víctimas, disculpas públicas y garantías de no repetición por graves violaciones a derechos humanos en el caso Alfaro Vive Carajo.

La defensa de las víctimas apeló esa sentencia y en 2020, la Corte Provincial del Azuay declaró la nulidad del proceso.

La fiscal Carolina Ruiz solicitó a la Sala de Garantías Penales de Azuay que los 42 policías procesados sean sentenciados por delito de tortura, pero los jueces no aceptaron el pedido.