Con 76 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que rechaza intentos de desestabilización mediante infiltración política en la protesta social y ratifica el derecho a la manifestación pacífica.

El Pleno de la Asamblea Nacional rindió homenaje a Guayaquil por los 205 años de la gesta del 9 de Octubre de 1820, con una sesión solemne en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte.

Mishel Mancheno, jefa de la bancada legislativa de ADN, presentó una denuncia por presunto terrorismo contra Marlon Vargas, presidente de la CONAIE.

El Pleno aprobó, la noche del 1 de octubre de 2025, dos resoluciones relacionadas con las protestas convocadas por la Conaie. La primera, impulsada por Fernando Jaramillo, condena los actos de violencia y el ataque a la red de agua potable en Imbabura. La segunda, presentada por Nathaly Morillo, reconoce el aporte del sector productivo y rechaza los bloqueos de vías.

Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, señaló que es la única mesa legislativa encargada de la fiscalización del paro nacional.

Con 77 votos, la Asamblea aprobó la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que ordena al Biess devolver la administración de los fondos previsionales complementarios a sus partícipes.

La asambleísta Mónica Palacios fue sancionada con 90 días de suspensión sin sueldo por calumnias contra el presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi en una sesión de la Comisión de Biodiversidad.

Con cinco votos a favor, el Comité de Ética recomendó al Pleno destituir a la asambleísta correísta Nuria Butiñá por presunta exigencia de aportes indebidos a un exasesor.

La Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy, Magaly Camila Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco como vocales principales del Consejo de la Judicatura 2025–2031; también a cinco suplentes designados por el CPCCS.

Con 78 votos afirmativos, el Legislativo avaló el decreto del presidente Daniel Noboa que convoca a la ciudadanía a decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, bajo el argumento de que la actual Constitución limita la gobernabilidad y la seguridad del país.