Ayer se conoció del inicio de la investigación previa por el presunto delito de peculado en contra del fiscal general.

La normativa ratifica la validez legal de la incautación de los bienes de los exaccionistas y exadministradores de Filanbanco para devolver el dinero al Estado y a los ecuatorianos perjudicados.

A la autoridad y dos exfuncionarios se los acusa por la construcción de un puente en la provincia. El prefecto denuncia una persecución política. Aún tiene pendientes otras audiencias.