La normativa ratifica la validez legal de la incautación de los bienes de los exaccionistas y exadministradores de Filanbanco para devolver el dinero al Estado y a los ecuatorianos perjudicados.

A la autoridad y dos exfuncionarios se los acusa por la construcción de un puente en la provincia. El prefecto denuncia una persecución política. Aún tiene pendientes otras audiencias.