Los activistas pidieron justicia a una instancia internacional por la matanza de nueve estudiantes y un profesor en la universidad de La Cantuta el 18 de julio de 1992, atribuida a las fuerzas de seguridad de Perú durante el gobierno de Fujimori.

La palabra del pontífice le llegó la misma semana en que las Madres se resistieron a un allanamiento a su sede en Buenos Aires, ordenado por la justicia para realizar un inventario de los bienes de la fundación.

El sector educativo acabó con 15 meses de discusiones sin hechos concretos de mejora y solicita al menos el 10% en el alza de su remuneración.

La suspensión se debió a una tormenta en una mina de oro en plena jornada laboral.

La decisión representa una ruptura con los intentos infructuosos de su predecesor Barack Obama de cerrar el centro carcelario, acusado en innumerables ocasiones de cometer actos de tortura.

El canciller de la nación sudamericana criticó la decisión del secretario general de las Naciones Unidas de referir a la CIJ la polémica por un espacio marítimo rico en petróleo.