Más de 70 volquetas recogen y transportan residuos de forma inadecuada; 500 personas contratadas sacan con pala en mano residuos de los contenedores. Dos informes ya alertaban de la disminución en la operatividad de la flota de vehículos de carga lateral. La empresa que tenía a cargo esta tarea deslinda responsabilidades.

La defensa del excontralor dice que sí emitió auditorías contra las obras de la constructora brasileña. El fiscal Carlos Baca denuncia presiones por el caso.

Mañana se reactivará el proceso penal contra el excontralor por el caso Odebrecht. Durante su gestión se aplicó un sistema para que un equipo de asesores y subcontralores dieran el último aval a las auditorías. La defensa del exfuncionario sostiene que la Fiscalía carece de sustento en su denuncia por presunta concusión.

El alud que dejó sin agua a medio Quito y cobró una vida pudo evitarse si se tomaban en cuenta 17 alertas emitidas desde marzo de 2017. La escombrera operó sin licencia ambiental hasta noviembre pasado. El Consorcio Troje-Oyacoto debía vigilar la calidad de los escombros que recibía y su proceso de secado, pero no lo hizo.

Un año lleva el escudriñamiento y rastreo de la trama más grande de corrupción que se registra en Ecuador y América Latina. Nuevos exfuncionarios están vinculados al caso, entre ellos Walter Solís, Wilson Pástor, Pedro Merizalde y Carlos Bernal. En el mapa de los procesos penales, la mayoría está en indagación previa; en el caso trabajan 11 fiscales, policías de Criminalística, peritos en lavado de activos, informáticos, entre otros.

El lado oscuro del fútbol profesional se refleja en que hay exjugadores sin seguridad social ni jubilación. Los que han corrido con suerte ahora trabajan de entrenadores, choferes, burócratas o de vendedores ambulantes, mientras que otros han caído en la mendicidad y el vicio del licor y las drogas. En la actualidad, si bien algunos no ganan mal, sus patronos (clubes) les aportan al IESS sobre la base de un salario básico, lo que a futuro repercute en la pensión.

Bandas internacionales, especialmente de México, emplean dispositivos satelitales y tecnología nativa de estos trabajadores industriales para sacar desde Ecuador estupefacientes hacia alta mar.

En 2017 la fuerza pública incautó a las redes delictivas 83,7 toneladas de droga, lo que equivale a $ 2.700 millones. El perfil costanero es muy codiciado por estas organizaciones.