El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó ayer el decreto por el cual se destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Santos desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ejecutó el fallo que emitió el procurador General, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde por tres faltas graves al transferir la competencia del sistema de recolección de basuras de la capital del sector privado al público.

“El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares (...) en consecuencia y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo a Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo, para que se encargue de la alcaldía”, dijo Santos en un mensaje a la nación.

La decisión se conoció cuando el alcalde Petro encabezaba una concentración en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se esperaba la primera reacción del mandatario distrital.

Es la segunda vez que Bogotá se queda sin alcalde de manera consecutiva. En los últimos seis años ha tenido tres burgomaestres: Samuel Moreno, destituido por el carrusel de la contratación; Clara López y ahora Gustavo Petro.

Luego de que el Consejo de Estado, integrado por 31 magistrados, dejó la vía libre para que Santos diera su aval a la decisión del procurador Alejando Ordóñez, la CIDH –instancia a la que acudió Petro- decidió emitir una medida cautelar para evitar la destitución y pidió que se frenase cualquier determinación hasta que no se hiciera un estudio de fondo sobre la situación del alcalde.

Sin embargo, la canciller María Ángela Holguín dijo que el Gobierno no acoge las medidas cautelares porque no se atentan derechos fundamentales en este caso.

La decisión de Santos se considera crucial para el gobierno en el medio de la campaña electoral a la Presidencia y el proceso de acuerdos de paz en La Habana en que está enfrascado el Gobierno con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El alcalde de Bogotá confiaba en que el presidente Juan Manuel Santos acataría las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pedían suspender su destitución e inhabilitación para seguir como alcalde de la capital colombiana.

Pero al conocer la decisión del Primer Mandatario, señaló: "Sé que en este momento lo más fácil sería el levantamiento violento. Pero no se lo merecen esas personas que sin moral no son capaces de respetar el voto. No quiero que nuestros hijos vean en nosotros los que convocan a la violencia".

Petro recordó que “en repetidas ocasiones el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que acataría la decisión de la CIDH”. Añadió que realizará una gira por todo el país que empezará en Barranquilla (norte), para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

El alcalde destituido se pronunció así mismo sobre las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo: "Yo no puedo decirles voten por aquel o por aquella. El voto en Colombia no sirve. Esta es la demostración histórica", sentenció. "Nos esperan días difíciles que valen la pena vivir", concluyó Petro.

INDIGNACIÓN POPULAR

Los bogotanos reaccionaron con indignación y rechazaron la destitución de su alcalde a través de las redes sociales y anunciaron una masiva movilización a favor de Petro.

Mientras que Petro anunció que acudirá nuevamente a la CIDH para hacer respetar sus derechos constitucionales y democráticos.

El senador de Polo Democrático, Alexander López Maya, dijo que “en Colombia no hay democracia”. Sostuvo que “no es posible que en Colombia alguien que representa a la clase trabajadora y los pobres del país pase a ser destituido por la Procuraduría”.

A su vez, el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, dijo a diario EL TELÉGRAFO que “la Convención Americana es ineludible y pertenece al ordenamiento interno de Colombia, no es una decisión extraña y por esa razón siempre se ha honrado ese compromiso internacional y  se han adoptado las medidas cautelares dictadas por la Corte; el Estado colombiano está en la obligación de acatar las medidas cautelares porque ocurre que no se producen como consejos sino que tienen fuerza vinculante”.

El exprocurador Jaime Bernal Cuellar sostuvo a este diario que “tiene que cumplirse el mandato de la CIDH”. Sin embargo, en este caso en particular tiene dudas ya que no se han agotado todas las instancias de la justicia colombiana y por tanto la decisión “no es vinculante”.

CIDH: GOBIERNO DEBE RESPETAR LAS MEDIDAS

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, explicó los alcances de la solicitud de las medidas cautelares e indicó que no es un desconocimiento de la rama judicial y disciplinaria de Colombia, sino una previsión mientras se revisa minuciosamente el caso del alcalde Gustavo Petro.

El funcionario informó que a partir de la decisión, el Estado colombiano tenía 15 días para notificar de las medidas cautelares y 90 para entregar información a la CIDH en la investigación formal que se abrió. A partir de ahí, el proceso podría tardar entre 6 y 9 meses. Álvarez fue contundente al decir que la CIDH tiene mandato en Colombia y que es un deber del Gobierno respetar y acatar las medidas cautelares emitidas por el sistema interamericano.

Antes de emitir su decisión el presidente Juan Manuel Santos se comunicó con la CIDH para conocer detalles sobre las medidas.