Luego de permanecer 36 días fuera de la Alcaldía, el burgomaestre de Bogotá, Gustavo Petro, volvió a ocupar su lugar tras ser restituido por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Como había prometido, Santos acató inmediatamente la resolución del Tribunal Superior de Bogotá, mediante un fallo de tutela, que ordenaba al presidente derogar la destitución y decretar nuevamente que Petro regresara a la Alcaldía.

Para el tribunal, no existe duda que el primer mandatario debía acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a Petro, el pasado 19 de marzo, para proteger sus derechos políticos y su cargo de los efectos del fallo de la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

La Procuraduría, órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, destituyó a Petro acusándolo que actuó con dolo en 2012 que reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas. La transición tuvo dificultades para implementarse y generó la acumulación de basura varios días en las calles de Bogotá.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá se tomó después de un largo proceso legal y tuvo efectos inmediatos, pero por los vericuetos jurídicos que se manejan en Colombia, no es la última palabra. Ahora la Procuraduría General de la Nación  anunció que impugnará el fallo, con lo que el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia que, en segunda instancia, decidirá si lo ratifica o lo revoca, trámite que durará máximo 20 días. Asimismo, al regresar Petro a su cargo se volvió a activar el proceso de revocatoria de su mandato mediante el voto popular dentro de 58 días.

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En sus primeras palabras luego de regresar al sillón de la Alcaldía de la capital, Gustavo Petro, resaltó la decisión del tribunal y dijo que está protege los derechos de la ciudanía y sus propios derechos políticos. “Esta vez el Tribunal Superior protegió mis derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”, indicó.

El funcionario también arremetió una vez más contra la Procuraduría, al manifestar que “esta vez veremos la Procuraduría en toda su desnudez. No como institución protectora de derechos humanos, sino como la inquisición provocada”.

Al firmar el decreto de restitución, el presidente Santos señaló que tomó la decisión apegado a la ley, tal y como ha sido su conducta de Gobierno y la obligación de acatar la ley. “Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar, a otros no y mi obligación como presidente de la República es acatar la ley y lo que los jueces dispongan”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Carvajalino Contreras, indicó que el fallo que restituyó a Gustavo Petro en su cargo como alcalde mayor de Bogotá fue tomado en derecho y cumpliendo a cabalidad lo estipulado en la jurisprudencia colombiana.

“La decisión no es política, es jurídica, porque a partir de la Constitución de 1991 Colombia entró al bloque de constitucionalidad”, precisó el magistrado, al manifestar que en diversas sentencias de la Corte Constitucional ha manifestado el carácter vinculante que tienen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A su turno, el senador Luis Carlos Avellaneda, copresidente de la Alianza Progresista, que respalda a Petro, aseguró que esta decisión les devuelve a los bogotanos sus derechos fundamentales.

Sostuvo que con este fallo “triunfa la democracia, triunfa la justicia, así se construye la paz y los bogotanos han recobrado los derechos fundamentales”.

Por su parte, el parlamentario Alfonso Prada, integrante de la campaña reeleccionista del presidente de la República, señaló que la actuación de Santos es apegada a la ley y demuestra la independencia de poderes en Colombia”.

Asimismo, el presidente del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, destacó que al final serán los bogotanos los que decidan la suerte del alcalde en la revocatoria.

En el Concejo de Bogotá también hubo reacciones. María Fernanda Rojas, de la Alianza Progresista, expresó que el fallo revierte una decisión desafortunada. “Santos se equivocó en el desacato a la CIDH y estas son las consecuencias. No le quedaba más remedio que acatar la orden”.

El experto en derecho internacional, Ricardo Abello, explicó que “lo más lógico es que las medidas cautelares de la CIDH se mantengan hasta que se conozca la decisión de fondo de la justicia colombiana. En caso de que esta no sea favorable a Gustavo Petro, el caso continuará su trámite en el Sistema Interamericano y es posible que solo hasta el próximo año la comisión lo eleve ante la Corte Interamericana, donde el proceso podría tardar 2 años más. Es decir, cuando se tenga un fallo de fondo, Petro ya habrá terminado su mandato”.

Lo irónico del embrollo, es que antes de producirse la decisión del tribunal, una de las funcionarias de Petro, María Mercedes Maldonado, solo llevaba 48 horas como alcaldesa encargada por el presidente Juan Manuel Santos, mientras se resolvían algunos de los procesos jurídicos. En un mes, Bogotá tuvo 3 alcaldes, el destituido Petro, el encargado por el Gobierno, Rafael Pardo, la funcionaria Maldonado y, nuevamente, el restituido Gustavo Petro.