En la Primera Sala de la Corte Constitucional (CC), en proceso de sustanciación, continúa el pedido de acción extraordinaria de protección a favor del ex mandatario Abdalá Bucaram Ortiz, según confirmaron ayer fuentes oficiales.

Por ello, aún no hay un informe en el cual se base el pleno de la CC para resolver sobre una posible declaratoria de  la nulidad de los autos de llamamiento a juicio plenario contra  Bucaram, por el supuesto delito de peculado cometido en su mandato.

Alfonso Luz Yunes, por ser el juez sustanciador, es quien debe revisar el expediente de más de 15 mil fojas y emitir un informe para conocimiento de la Primera Sala integrada por él y por los jueces Patricio Pazmiño y Ruth Zeni, quienes, a su vez, tienen que presentar otro informe al pleno de la CC para que resuelva. Para que la CC adopte una decisión final, sin embargo, no existen plazos o términos legales.

Pese a que no hay una decisión en ese sentido y tampoco una sentencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Dalo Bucaram Pulley, hijo del ex Presidente, exige que se cumpla un supuesto acuerdo político y se permita su retorno desde Panamá.

Dalo sostiene ante la prensa que le planteó al Gobierno de Correa la posibilidad de que su padre (que gobernó de agosto de 1996 al 7 de febrero de 1997) retorne y se postule a la Presidencia, que el pueblo lo “juzgue en las urnas” y si sale triunfador, con la inmunidad, la justicia dé por terminados los juicios en su contra. Según él, esto fue aceptado.

El pasado martes Correa negó que haya algún acuerdo político. La Secretaría de Comunicación, a través de una cadena nacional emitida el miércoles en la noche, también negó un supuesto pacto político entre el Ejecutivo y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Incluso Correa resaltó: “Yo no soy Vachagnon, Puerto Limpio, como se llama ahora, para ir recogiendo basura. Si este señor quiere regresar al país, que lo haga, para cogerlo preso y que pague sus culpas. Y ojalá salga rápido, para que todas las tonterías que escribe en twitter me las venga a decir frontalmente”.

Frente a ello, Bucaram, quien desde hace 15 años vive autoexiliado en Punta Paitilla, en el piso dos del edificio Bayside, ubicado en una zona residencial exclusiva de la capital panameña, arremetió contra Correa a través de su cuenta twitter: “Es un cobarde sin honor ni palabra”.

Bucaram Ortiz, a quien el Congreso de 1997 lo declaró con incapacidad mental para continuar en el cargo y lo cesó, afronta dos procesos. Uno es por el caso “mochila escolar” y por desvío de fondos reservados.

El caso “mochila escolar” se inició en 1997 por el presunto delito de peculado en la compra de implementos escolares por $ 40 millones, con aparente sobreprecio de $ 15 millones. Las investigaciones las inició el 26 de marzo de 1997 el entonces fiscal Francisco Cucalón.

Fue admitido a juicio al día siguiente por Carlos Solórzano, titular de la ex Corte Suprema de Justicia (CSJ), hoy llamada Corte Nacional de Justicia (CNJ). El 6 de agosto de 1998 se declaró abierta la etapa del plenario contra Abdalá Bucaram, su ministra de Educación, Sandra Correa, el secretario de la Administración, Miguel Salem, y otros, por presunciones de responsabilidad.

Por un recurso de apelación, esta providencia pasó a conocimiento de la Segunda Sala Penal de la CSJ y en 2001 los conjueces confirmaron  el auto de llamamiento a juicio y quedó ejecutoriada la providencia.

En 2005, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, gracias a un pacto político, se cambió a los miembros de la CSJ y se nombró presidente a Guillermo Castro Dáger (“Pichicorte”). Entonces se declaró la nulidad de las resoluciones y se revocó las órdenes de prisión contra el ex mandatario. Esto permitió su retorno el 2 de abril del 2005, fue entonces cuando estallaron las protestas contra Lucio Gutiérrez, derrocado el 20 de abril de ese mismo año, por lo que Bucaram volvió al autoexilio.

El 1 de marzo de 2006 Jaime Velasco, titular de la CSJ, avocó conocimiento de la causa y dejó sin efecto la resolución de la “Pichicorte” por lo que ratificó el auto de llamamiento a juicio.

Pese a todo ello, en enero de 2012 Dalo presentó por escrito en la CNJ el pedido de nulidad de los procesos contra su padre. Sin embargo, hasta hoy ambos procesos están suspendidos -según fuentes judiciales- hasta que Abdalá  sea capturado.