Mientras los fiscales desestimaban las denuncias de Eduardo Granda Garcés por peculado bancario, falsificación de documentos públicos y usura en contra de los directivos del Banco Pichincha, propiedad de Fidel Egas Grijalva, los jueces de garantías penales señalaban que, al parecer, existían elementos que configuraban los delitos que han motivado las indagaciones previas.

DATOS

El 27 de septiembre de 2007 la Fiscalía inició la indagación previa por el “presunto hecho punible”, tras la denuncia presentada por Granda Garcés por  peculado bancario contra los directivos del Banco Pichincha y exfuncionarios de la SBS.

La denuncia de Granda, no pasa de la indagación previa, se basa en  documentos y auditorías, donde señala que Banco Pichincha le cobró el doble por 10 préstamos que realizó y que después se transformaron en 35 créditos ver gráfico).

Con las investigaciones se busca determinar la supuesta forma “usurera”, “dolosa”, “ilegítima” e “ilegal” en que Granda Garcés perdió la propiedad de sus bienes, entre ellos Teleamazonas, ante Banco Pichincha.

17 millones de dólares fue el valor de los bienes entregados en fideicomiso de Granda al Banco Pichincha. 10 millones de dólares le reconoció el Banco por los bienes que el deudor puso en garantía.

Según Granda existió la duplicidad de pago de obligaciones, capitalización e intereses y cobro de intereses sobre intereses. Esto sería anatocismo, supuesta concesión de préstamo,  que jamás habrían sido acreditados a su cuenta; y cobro de intereses sobre créditos que el empresario considera imaginarios y  que ascenderían a más de $ 7’000.000, intereses superiores a los permitidos por la ley, como aduce GrandaEso se desprende de providencias judiciales, expedientes fiscales, informes de peritos y auditorías de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), con respecto a los préstamos y pagos efectuados por  Granda al Banco Pichincha, entidad que ejecutó las garantías del deudor valorándolas en montos aparentemente inferiores a los avalúos, que  le permitieron a Egas, incluso, embargar el canal Teleamazonas.

El cambio en las reglas de juego respecto a los préstamos habría hecho que Granda termine cancelando: intereses superiores a los legalmente permitidos; capitalización de intereses; intereses sobre intereses, etc. Banco Pichincha, supuestamente violando la normativa contractual, crediticia y legal, absorbió los bienes otorgados en  garantía a través del “Fideicomiso Mercantil Granda Garcés”, suscrito ante el notario Primero de Quito, Jorge Machado.

Diferentes puntos de vista

El informe de la SBS, elaborado por el perito experto en Economía Hugo de la Torre, señala que en marzo de 2002 Granda canceló todas las obligaciones con Banco Pichincha, a través de un convenio de dación de pago consistente en la cesión (ceder) del 100% de las participaciones fiduciarias. Pese a ello, se resalta que a esa fecha Granda seguía constando con un crédito aparentemente vigente por $ 4’000.000, cifra que actualmente llega a $ 9 millones.

El valor de los bienes entregados en fideicomiso al banco ascendía a $ 17’000.000, pero el denunciante dice que esos bienes, al momento de ser imputados en dación de pago, se  los valoró  solo en $ 10’428.002.

Sobre la base de documentos solicitados al Banco y que fueron entregados incompletos, la SBS estableció que los créditos motivo del reclamo de Granda eran originalmente 10 y que fueron cancelados mediante diversas renovaciones, por lo que se convirtieron en más de 30 préstamos entre  junio de 1998 y  octubre de 2002 (ver gráfico).

Una de las conclusiones del informe de la SBS señala, por ejemplo, “las nuevas operaciones (renovación) que sustituyen a la preexistente, se presume  no han sido convenidas por las partes”, pese a lo cual el banco capitalizó intereses.

Esos actos “dolosos” -según Granda- “se cometieron con el único afán de arrebatarme también Teleamazonas, de manera ilegítima...”.

Pese a ese informe, el 11 de julio de 2005, a la SBS llegó un oficio de Antonio Acosta Espinosa, presidente ejecutivo de Banco Pichincha. Allí  le pidió al subdirector de Atención al Cliente de la SBS, Santiago Moreno Montiel, que suspenda la auditoría que le   hacían al banco, lo que fue aceptado el 4 de agosto.

En el oficio SAC-2005-921, en papel sellado de la SBS, consta que una vez concluida la revisión administrativa de los créditos, observando lo que dispone el artículo 199 de la Constitución, “esta Subdirección se abstiene de continuar con el trámite del asunto en cuestión”.

Aquello ocurrió después de que se ejecutaron los fideicomisos, cuando Granda reclamaba que el Banco Pichincha lo había perjudicado contablemente sobre el saldo.

Otra auditoría fue realizada por Ruth Pozo Navarrete, experta en Supervisión 2 de la SBS. Allí detectó que se ha cometido una serie de infracciones: capitalización de intereses de capital e intereses en exceso y fuera de la ley; débitos no autorizados; cobro de intereses de capital y de mora por duplicado; y cancelación en exceso de obligaciones por parte de Granda, a través de una dación de pago por valores insignificantes a sus bienes y que fueron asignados por el Banco, en violación del artículo 128, literal a de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero.

Pero las presuntas anomalías no solo se han dado pese a existir informes de auditoría y las decisiones del órgano de control, sino también por una aparente pugna entre fiscales y jueces penales.

En base a informes de la SBS y otras diligencias periciales, el juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha, Edwin Campaña, emitió una providencia el 28 de agosto de 2006 señalando: “...al parecer existen los elementos que configuran los delitos que han motivado la presente indagación previa (N° 696-2006). Por las consideraciones expuestas, en cumplimiento de lo requerido por el Ministro Fiscal Distrital y al amparo de lo prescrito en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, dispongo devolverse el expediente de indagación a las antes mentadas autoridades...”.

A decir de Patricio Morales, abogado de Granda,  el juez estableció indicios de peculado bancario, pero la justicia no ha brillado porque han sido  evidentes las pugnas entre jueces de garantías penales y fiscales: los primeros han considerado que sí hay delito y por ello ha devuelto el expediente a la Fiscalía, para que reinicie las investigaciones; mientras, los segundos las han desestimado.

“De repente la entonces fiscal general Cecilia Armas, inspirada no se por quién, desestima la denuncia y, por estar también denunciado Alejandro Maldonado, ex superintendente de Bancos, en vez de enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional de Justicia), infringe la ley y lo envía a Marlene Armas Eivar, agente fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Pichincha, quien en apenas un día y medio se leyó un volumen inmenso de informes y desestimó mi denuncia”, dijo Granda.

Antes, el caso  fue a conocimiento del fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez, “quien concluye que el delito no es penal, a pesar de que el juez dice que sí, pues señala que es un asunto comercial (materia civil)”, reprochó Granda.

Frente a ello, Pesántez dijo a EL TELÉGRAFO que lo único que hizo en ese y otros casos como fiscal distrital fue ratificar o negar el pronunciamiento  de un fiscal inferior. Recordó que en los reclamos y denuncias de Granda  han intervenido seis jueces y seis fiscales. “He leído alguna mención de que le ha perjudicado el Banco Pichincha, pero esto, visto así, es un asunto civil,  distinto al penal, por el supuesto cobro de más”, dijo.

En el proceso Pesántez vio que Granda había entregado bienes como garantía para respaldar sus créditos de pago  y cree que lo aceptó y firmó voluntariamente. Presume que el deudor, tras hacerlo, se arrepintió y ahora argumenta que lo  han perjudicado y plantea la denuncia por peculado, que fue desestimada.

Pese a ello, Granda presentó otras denuncias en la Fiscalía, una de ellas por el delito de falsificación de documentos públicos del fideicomiso, lo cual habría sido determinado por el perito signado. Sin embargo, corrieron igual suerte: los desestimaron. Por ello, se dice afectado, por la actuación de ex fiscales como Cecilia Armas y Marco Freire.

Granda cree que ninguna indagación previa progresará en la Fiscalía porque  Armas es ahora asesora del Ministerio Público, ante quien, el 21 de febrero de 2006, presentó la denuncia contra los representantes legales del Banco y del ex titular de la SBS, Alejandro Maldonado García, por los delitos de peculado y usura.

Sus denuncias, que según sostiene buscan que “no se permita  que atropellos e ilegalidades de banqueros y sus cómplices queden en la impunidad”, han sido entabladas en contra del Banco Pichincha C.A., representado por el presidente ejecutivo Antonio Acosta Espinosa; el gerente Fernando Pozo Crespo, el exvicepresidente Andrés Hidalgo Cevallos y el funcionario Guido Cordero. Además, contra Alejandro Maldonado García y Alfredo Vergara Recalde, ex titulares de la SBS.

A decir de Granda, por el giro de sus múltiples negocios se vio en la necesidad de solicitar préstamos al Banco Pichincha, tanto a su nombre como de las empresas Construcciones y Minería A. Granda C.; y Skinner Comercial Company. Debido a la crisis bancaria  de 1999 solicitó la renovación de  ciertos préstamos solo a 30 días, pero  luego le habrían  impuesto renovaciones “de manera unilateral”.

Banco tomó acciones legales

Para concretar los cobros de los préstamos, intereses y demás obligaciones, Banco Pichincha, a través de su presidente ejecutivo Antonio Acosta Espinosa, entabló una demanda  verbal sumaria en contra de Granda en el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha. Mientras, el juicio de Embargo y Remate lo entabló el procurador judicial del banco, Eduardo Nieto Boada, en contra de la Compañía de Construcciones y de Minería A. Granda C., de las cuales Granda Garcés era su presidente.

El embargo de los bienes del deudor se cumplió el 29 de enero de 2004. El Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha, mediante providencia aceptó a trámite especial lo solicitado por Banco Pichincha: “Sobre la base del Contrato de Prenda Industrial Abierta inscrita y vigente y la aseveración del acreedor prendario, se ordena el embargo, avalúo y posterior remate de lo detallado en el contrato de prenda celebrado el 30 de mayo de 2002 y reconocido el 11 de junio; para la práctica del embargo cuéntese con uno de los alguaciles de este cantón, quien entregará los bienes al depositario judicial Freddy Cedeño Rosado...”.

DRECHO A LA RÉPLICA: BANCO PICHINCHA DESCRIBE EL LITIGIO CON GRANDA GARCÉS