Recuperar y controlar los sectores estratégicos fue el primer paso; el cambio de la matriz productiva sigue en proceso

- 05 de diciembre de 2016 - 00:00
La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (entre Napo y Sucumbíos) es inaugurada el 18 de noviembre de 2016.
Foto: Archivo / El Telégrafo

La nueva matriz energética -basada en la generación de energías limpias y renovables- prácticamente está completa. No así la matriz productiva. Se requiere de inversiones público-privadas a largo plazo en conocimiento y nuevas tecnologías.

La agenda de desarrollo del Gobierno tuvo varias aristas: modernizar la institucionalidad del Estado a través de una nueva Constitución; impulsar la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo social; aplicar el plan del Buen Vivir para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Ahí se condensó la agenda del Gobierno, sobre todo en los primeros 6 años de gestión (2007-2012).

Los resultados fueron positivos. Eso se reflejó en los electores, que ratificaron el respaldo en las urnas al Presidente por 4 años más (2013-2017). En aquella ocasión tuvo como compañero de fórmula a Jorge Glas, en reemplazo de Lenín Moreno, quien había desarrollado una amplia y reconocida campaña en el campo de la inclusión social.

Glas pasó a encargarse del plan de desarrollo denominado cambio de la matriz productiva, anunciado en la campaña electoral de 2012. La meta es que Ecuador deje de ser solo generador de materia prima, importador y extractivista. Se busca privilegiar una economía basada en la exportación diversificada, ecoeficiente, con valor agregado, así como con servicios basados en la economía del conocimiento y en la biodiversidad. En otras palabras, el cambio de la matriz productiva exige generar más riqueza, involucrando en el desarrollo productivo otras líneas de acción ligadas al talento humano, a la tecnología y al conocimiento, capaz de lograr un desarrollo sustentable y sostenible.

Para ello, el Estado había recuperado el dominio de los sectores estratégicos y sus prioridades apuntaron a la transformación de la matriz energética, para pasar de una energía cara y contaminante, basada en hidrocarburos (centrales térmicas), a una más barata, renovable y limpia.

Para esto, desde 2010 se invirtieron cerca de $ 5.000 millones en la construcción de 8 hidroeléctricas para generar energía renovable y para repotenciar otas estaciones. Ya operan: Manduriacu, Sopladora y Coca Codo Sinclair, que junto a HidroPaute, Mazar, y las que se incorporen, como Toachi Pilatón, Delsitanisagua y Minas-San Francisco, serán pilares del cambio de la matriz energética y así pasar de la actual economía primario-exportadora a una basada en el conocimiento, con soberanía, seguridad y equidad energéticas. Desde noviembre de 2016, el país ya exporta energía a Colombia y Perú.

De igual manera, alrededor de $ 4.000 millones se han invertido desde 2015 en alianzas público-privadas (APP), las cuales apuntalan el cambio de la matriz productiva y se prevé que generen unos $ 1.200 millones en inversión en el sector portuario.

A su vez, la inversión en  telecomunicaciones fue de $ 8.000 millones desde 2014, lo que le permitió al país tener una plataforma que beneficia al 80% de la población con el sistema 4G, potenciando el uso de la banda ancha móvil y dotando de internet al 100% de las escuelas públicas.

Asimismo, el cambio de la matriz productiva -un proceso que está en fase inicial- también plantea incrementar las exportaciones de los productos ecuatorianos más representativos, pero añadiendo alto valor agregado, es decir, procesándolos; además de reducir importaciones y aumentar la producción nacional. Este proceso requiere un proceso sostenido de inversión productiva, sobre todo en áreas de educación y de tecnología de vanguardia.

En 2006, el entonces candidato presidencial Rafael Correa, y después como Jefe de Estado, se negó a firmar tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) y con la Unión Europea (UE). Esta posición no era compartida por grandes y tradicionales grupos empresariales del país. En ese contexto, Correa buscó fortalecer las relaciones con el Mercosur y con otros bloques económicos.

Sin embargo, en julio de 2014, Ecuador llegó a un acuerdo con la UE para sumarse al tratado comercial multipartes. El Mandatario ecuatoriano señaló en su momento que tuvieron que negociar este acuerdo comercial, porque las preferencias arancelarias se terminaban en diciembre 2016, y eso habría significado un impacto negativo de $ 400 millones para los exportadores y para la generación de empleo productivo y estable.

Una razón para que la negociación demore más de 4 años fue que la UE no cumplió con la decisión de la Organización Mundial de Comercio, respecto al injusto arancel aplicado al banano ecuatoriano, estancando así el acuerdo que finalmente fue suscrito en noviembre de este año en Viena, Austria.

A su vez, el Gobierno reforzó sus relaciones diplomáticas y comerciales con Asia, en especial con China, convertido desde 2010 en principal socio estratégico y financista de Ecuador en proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos y energéticos.

El país asiático impulsó proyectos en el sector industrial, en exportación e importación de bienes y servicios, transferencia de ciencia y tecnología, apoyo tecnológico en sísmica. Aportó  con insumos y dinero a las víctimas del terremoto de abril.

En Ecuador operan cerca de 100 empresas chinas en proyectos de desarrollo, que generan alrededor de 14.000 empleos directos y han construido represas, hidroeléctricas y 13 carreteras.

Con EE.UU., en junio de 2013, por discrepancias políticas, Ecuador renunció unilateralmente a una parte de las preferencias arancelarias que le concedía EE.UU., pero el gobierno de Correa compensó a los exportadores por la pérdida de esos beneficios que alcanzaban $ 23 millones. Hoy busca consolidar relaciones comerciales con Turquía, Corea del Sur, Dubái, entre otros países. (I)

EL HECHO RELEVANTE

Explotación petrolera y minera ambientalmente responsable, sin que falten las fuertes críticas

Más participación del Estado en la renta petrolera; nuevas refinerías; grandes proyectos energéticos; convertir a Petroecuador en un sociedad anónima para que compita con las petroleras privadas; desarrollar una explotación minera y petrolera responsable; aumentar la inversión social. Estas  fueron algunas metas estratégicas del Gobierno al inicio de su gestión, en enero de 2007.

A pocos meses de iniciada la administración hubo las primeras protestas de sectores ambientalistas y amazónicos, en rechazo a las concesiones petroleras y mineras otorgadas a empresas como Petrochina, Petrobras y mineras canadienses.

Conforme a su compromiso, el Gobierno no desconoció los contratos petroleros vigentes, pero cambió su modalidad, pasando de la figura de la participación a la de prestación de servicios. En ese contexto reformuló la Ley de Hidrocarburos.

El precio del barril de petróleo, que entre enero 2007 y enero 2015 tuvo un promedio de $ 84 por barril, le permitió al fisco contar con importantes ingresos. Así, el Gobierno pudo ejecutar la obra pública y social, pero no pudo concluir la construcción de refinerías, por falta de recursos.

En 2008, la Refinería Estatal de Esmeraldas paralizó sus actividades por mantenimiento y entró en fase de rehabilitación. El costo alcanzó $ 1.200 millones. En las últimas semanas se denunciaron graves hechos de corrupción en el proceso de rehabilitación de esa planta, en el que se vieron inculpados exaltos funcionarios de la petrolera.

En minería, el Gobierno tomó medidas y acciones para hacer cumplir con la exploración y explotación responsable. Además, potencializó y reactivó la industria minera con los megaproyectos de Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Panantza, Loma Larga, San Carlos y Llurimagua, que generaron  8.000 plazas de empleo con una inversión a largo plazo que alcanzará los $ 8.000 millones. Se espera generar exportaciones de metales preciosos.

Debido a la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y una crisis económica mundial, la economía ecuatoriana sufrió los efectos desde 2015. En su informe del 24 de mayo de 2016, el presidente Rafael Correa dijo que, gracias a las nuevas inversiones, se logra anualmente un ahorro total de $ 3.600 millones. El plan de ajuste del Estado también ayudó a enfrentar el complejo panorama económico internacional. (I)

La iniciativa ambiental Yasuní-ITT no avanzó por falta de apoyo concreto de la comunidad mundial

Dada la escasa cooperación internacional, el 15 de agosto de 2013, el presidente Correa desistió de la Iniciativa del Yasuní-ITT, que planteó al inicio de su mandato, en enero de 2007. El eje de la propuesta consistió en no explotar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), ubicados en la reserva natural e intangible del Yasuní, en la Amazonía, si la comunidad internacional garantizaba una compensación económica del 50% de las utilidades que percibiría Ecuador, esto es, alrededor de $ 350 millones anuales.

Según esta iniciativa, el Estado ecuatoriano se comprometía a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo, para evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, que se producirían por la quema de los mencionados combustibles fósiles.

“Lamentablemente tenemos que decir que el mundo nos ha fallado”, dijo Correa, al revelar que hasta agosto de 2013 solo existían $ 13,3 millones en fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní-ITT, esto es, apenas el 0,37% de lo esperado. “Existen compromisos no directamente vinculados a la iniciativa por otros $ 116 millones”, agregó el Mandatario.

Ante esta situación, el gobernante dispuso el inicio de la explotación petrolera en la zona, pero precisó que apenas un 0,1% del Parque Nacional se vería afectado por la extracción petrolera, es decir, unos 10 kilómetros cuadrados (1.000 ha), en donde se estima que se generarán unos $ 18.000 millones, a razón de $ 600 millones anuales, durante 30 años.

El 7 de septiembre de este año se incorporó la explotación del bloque 43 del campo Tiputini, con una producción diaria de 22 mil barriles.

Según las proyecciones oficiales, este bloque producirá 40.000 barriles diarios hasta finales de 2016. En 2017 habrá una producción incremental a 50.000 barriles diarios, pues los informes técnicos anotan que este bloque petrolero tiene el 40% de las reservas de crudo del país.

La decisión gubernamental causó malestar entre los grupos de activistas y de oposición, por lo que en agosto de 2013, a más de realizar protestas, presentaron la propuesta de convocar a consulta popular. Su idea era impedir que se realicen las actividades petroleras en el Yasuní. Sin embargo,
el planteamiento no prosperó. (I)

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