Lunes, 05 Diciembre 2016 00:00 Historias electorales

Alta tensión con los gremios y los movimientos sociales

Sindicalistas, gremios de profesionales y empresarios perdieron su tradicional participación en las decisiones de gobierno.
Sindicalistas, gremios de profesionales y empresarios perdieron su tradicional participación en las decisiones de gobierno. Foto: Archivo / El Telégrafo

La reforma educativa enfrentó al Gobierno y el ex-MPD. La explotación minera, con el movimiento indígena.

Redacción Política

La puesta en marcha de la agenda política del Gobierno Nacional incluyó una serie de cambios en la correlación de fuerzas sociales. En ese proceso es claro que muchos dirigentes sindicatos, gremios y organizaciones sociales en general, que apoyaron a Correa para que llegara al poder en 2007, se alejaron pronto y luego pasaron a la oposición abierta.

En ese contexto, el régimen consumió parte de su capital político: anuló el control del MPD sobre la educación pública; a Pachakutik y la Conaie, de la educación bilingüe; a los banqueros privados, del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos; a los medios de comunicación les restó privilegios; a las cámaras empresariales les quitó la posibilidad de imponer ministros y políticas; a los servidores públicos, beneficios sobredimensionados, etc.

Las discrepancias crecieron cuando el Gobierno dispuso suspender los aportes económicos que entregaban los afiliados, en forma voluntaria, para el mantenimiento de los gremios y colegios de profesionales y eliminó la obligatoriedad de afiliación.

En general, la ciudadanía acogió las medidas, pero no faltaron voces discrepantes. En todo caso, se aplicó la evaluación docente; mejoró la calidad de la educación; se eliminaron los permisos sindicales. Se controló el fondo de cesantía del magisterio. Los centros recreacionales de las entidades públicas se pusieron a disposición de todos los ecuatorianos. Se eliminaron privilegios económicos y sociales, como sobresueldos, viajes al exterior, etc.

Los médicos y profesionales de la salud pública pasaron a laborar jornadas diarias de 8, no de 2 y 4 horas como antes. De hecho, con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que establece sanciones para los casos de mala práctica profesional, aumentó la inconformidad de algunos sectores.

Los desacuerdos con la Conaie se dieron por el tema de la plurinacionalidad del Estado, el extractivismo y las leyes Minera, de Aguas y de Tierras.

El historiador Juan Paz y Miño recuerda que, desde 1895, cuando nacieron las cámaras de la producción, “tuvieron gran influencia en los gobiernos y gozaron de trato estatal preferente, porque las leyes que las crearon establecieron que serían asesoras y consultoras obligadas; es decir, se constituyeron en un verdadero aparato del Estado”. (I)

EL HECHO RELEVANTE

El peso específico de los sindicatos no es el mismo que tuvieron a finales del siglo pasado

Luego de gran protagonismo en las décadas de los 70 y 90 del siglo pasado, por la lucha contra el neoliberalismo y la privatización de las empresas públicas, las organizaciones aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), conformado por tres grandes centrales: Ceosl, Ceduc-CUT y CTE, que aglutinaban a los sindicatos del país, perdieron fuerza y peso político en Ecuador.

La reforma legal, la tercerización, la flexibilización laboral, las limitaciones para la organización y la reducción del empleo público las debilitaron. Esa tendencia se agudizó a inicios de 2000.

Pero había otros problemas en el sindicalismo; muchos dirigentes tenían vinculaciones políticas, sus cuadros de dirigencia no se renovaron, no había debate interno ni procesos de formación política, sus demandas eran sectoriales, entre otros.

Con la llegada de Rafael Correa al poder -y la nueva Constitución de 2008- hubo avances. Fue expedido el Mandato Constituyente 8 que eliminó la tercerización laboral. La Constitución estableció que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico que el Estado garantizará a los trabajadores. El pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Además, se reconoce la seguridad social como un derecho irrenunciable y el trabajo no remunerado y del hogar, así como todas las formas de trabajo autónomo. Erradica el trabajo infantil, valora todas las formas de trabajo, pero también prohíbe la paralización de los servicios públicos.

Ante este panorama, con una debilitada organización laboral, a comienzos de noviembre de 2014 fue oficializado el nacimiento de  la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupa a cerca de 20 organizaciones nacionales, entre ellas, las de mujeres, indígenas, artesanos, informales, de la salud, campesinos, maestros, pescadores, trabajadoras sexuales, amas de casa, conductores de tricimotos, entre otras.

Según el analista Mario Ramos, la trascendencia histórica de la creación de la CUT reside en la posibilidad de movilizar simultáneamente a varias clases de fuerzas sociales y darles dirección política, estrategia y organización. Además, se convierte en un instrumento político que incrementará la capacidad de negociación con el Gobierno. (I)

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