Frente al conflicto étnico entre waoranis, taromenanis y tagaeiris hay dos posturas: una es el grado de responsabilidad que tiene el Estado frente a esto y la otra es ver un conflicto que no se puede tratar con la misma lógica mestizo occidental. ¿Cuál es la posición del Gobierno y cómo  mira el Ministerio de Justicia este tema?
Es un tema que amerita varios análisis: desde un eje antropológico, cultural general y territorial. Rechazo el hecho de que se diga que el Estado no ha estado presente y no ha hecho nada. Las voces que se escuchan hablan sin fundamentos. El Ministerio de Justicia ha estado a cargo del Plan de Medidas Cautelares que puso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006, el cual primero estuvo en el Ministerio de Ambiente y a fines de 2010 pasó a Justicia.

Tenemos varios ejes de acción. Contamos con un equipo en el territorio con facultades interinstitucionales que tienen varias aristas de labor. En el inciso segundo del numeral 21 del artículo 56 de la Constitución se establece que el Estado respeta absolutamente la zona intangible, un territorio en donde no se permite la extracción de recursos no renovables. No es que el Estado no ha hecho nada, ha cumplido lo que está en la Constitución, lo que indica la política pública del país.

¿Con qué lógicas asumir el hecho de que los waoranis cuando atacan no son considerados ciudadanos comunes, pero cuando reciben beneficios sí lo son?
Vivimos en un Estado de Derecho que también genera una obligación. Si exigen derechos también hay obligaciones que cumplir. El pasado jueves presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía porque no voy a permitir que esto ocurra. Esto no se puede permitir en un Estado donde todos somos responsables. En cualquier estamento del Estado esto es un asesinato. Hemos pedido a la Fiscalía que analice y que vea quiénes son los responsables.

¿Constituye un secuestro el hecho de que dos niñas estén en manos de waoranis (tras el presunto ataque del 29 de marzo pasado en contra del pueblo en aislamiento voluntario de los taromenanis)?
No es secuestro, porque si vamos al punto técnico legal esto es, inclusive, un etnocidio. Es un tema más complicado que ameritaría un análisis profundo. El hecho de retirarte de tu grupo social, cultural, étnico  se puede convertir en etnocidio. Este es un tema que existe en el ordenamiento jurídico internacional.
En el secuestro alguien, generalmente, requiere o demanda algo de la otra parte. Aquí (en el caso de las niñas en poder de waoranis de Yarentaro) no hay ningún pedido. Incluso, no es que las niñas estaban secuestradas o retenidas por sus padres o por su comunidad. Me parece ilógico pensarlo desde ese punto. Además, no es ningún rescate, porque una persona no entra en la casa de otra a rescatarla de  la forma en que decidió vivir. Por eso, es un traslado forzoso.

¿Por qué están en manos de los waoranis?
 Al parecer entraron y se llevaron a las niñas. Históricamente, culturalmente, el análisis realizado dentro de este contexto no pensamos que haya sido de  una manera pacífica, de eso estamos claros. Tampoco tenemos vestigios de la forma como se dio porque hasta ahora no encontramos nada que nos permita determinar qué es, cuándo o dónde ocurrieron los hechos. La dirigencia waorani habla de que ellos saben que ya subieron de 10 a 150 las personas fallecidas. La verdad es que no se puede comprender esto, pero como Estado tampoco vamos a permitir que esto  quede en la impunidad.

La especialista Kati Álvarez, en entrevista publicada en diario El Telégrafo, dice que quizá no se pueda detener a todos, pero por lo menos con la detención de uno de sus dirigentes waoranis o del responsable, se sentaría un precedente para que no se vuelvan a cometer actos de esa naturaleza.
No se puede pensar que en un país como Ecuador se puedan dar ese tipo de actos. La dirigencia o la mala dirigencia no puede encubrir porque existen varios grados de participación en lo que es un ilícito penal, no son solo los autores y los cómplices, sino también los encubridores. No podemos dejar de analizar y buscar a los responsables de actos que sean contrarios a la ley.

¿Ocurrió o no una masacre?
Hemos hecho varios sobrevuelos, patrullajes y no tenemos ningún vestigio. Nadie desconoce el tema de las dos niñas, es por eso que, inclusive, en base a los protocolos internacionales hemos dado la atención prioritaria que corresponde en estos casos. Un equipo de salud entró a inmunizarlas y a darles toda esa protección que requieren. Los sobrevuelos y todos los patrullajes que se han hecho son para ver si encontramos ciertas aves de rapiña o ciertos aspectos de carácter científico que nos permitan ver. Pero hasta ahora no existe nada.

¿Es en base a la versión de los dirigentes waoranis nada más?
Es un poco de lo que ellos nos han dicho, el tema de las dos niñas, obviamente, sería un indicio que pueden darnos lugar a que ha sucedido algo, pero no existe como tal un indicio. Incluso, alguna prensa sin escrúpulos sacaba casas incendiadas, no hay nada de eso. Nosotros tenemos todos los monitoreos, todas las fotografías, todo lo que nos representa que nunca ha existido eso. Hemos tenido que sacar boletines de prensa para aclarar esto porque lamentablemente la tergiversación de la información que se ha dado es terrible.