Tres de los cinco integrantes de la Veeduría Ciudadana, que el 22 julio de 2011  presentó un informe  al Consejo de Participación Ciudadana sobre las   presuntas irregularidades halladas  en  el  hospital Teodoro Maldonado Carbo,   de Guayaquil, son ex colaboradores de esa casa de salud.

Según el Departamento de Recursos Humanos del IESS, Gilma Wheatley Betancourt, quien suscribió el documento  como coordinadora de la Veeduría, fue auxiliar de enfermería en ese hospital entre 1966 y 1998, período en el que  fue  sancionada por dos ocasiones. Del mismo modo, Gladys León Carpio laboró ahí  desde 1981 hasta  2002; y Arsenio Palacios Álvarez desde 1972 hasta el 2000.

Dicha Veeduría, entre otros temas,  denunció un supuesto sobreprecio en  la construcción de un bunker -y su equipamiento- para el hospital. El pleno del Consejo de  Participación conoció el informe el 20 de septiembre de 2011 y recién el 8 y 15 de marzo de este año se solicitó información al IESS para corroborar o descartar la denuncia. Y a pesar de que el artículo 19 del  Reglamento de Veedurías Ciudadanas     prohíbe “utilizar con fines ajenos a la veeduría la información que llegare a obtener”, el documento   fue  difundido entre la prensa días antes.

Lo que las publicaciones no revelaron es que      Wheatley envió un oficio al presidente Rafael Correa como coordinadora del “Comité Central de la Revolución Ciudadana 24 de Noviembre de 2006”, el 1 de septiembre de 2011, para solicitar el nombramiento de Javier Loor Suárez como  director del hospital guayaquileño, argumentando que había “ejercido estas funciones en tres ocasiones anteriores con exitosos resultados”.

En la misma carta añadió: “Nos permitimos sugerirle, señor Presidente,  que la Dirección General del IESS sea confiada a Rubén Egas Peña, médico de larga trayectoria institucional, que ha ocupado cargos administrativos en el IESS”  y   “para la dirección del (IESS)  Guayas solicitamos el nombramiento de Ricardo Otoya Prado, quien realiza actividades importantes en nuestro comité”.

Es decir, aprovechándose de su condición de veedora, propuso el cambio de directivos   en el IESS y “sugirió” nombres   antes de que el  propio Consejo de Participación conozca los resultados de la veeduría  (ver facsímiles).
Wheatley también ocultó que  Loor, a quien   postuló para dirigir el hospital, fue sancionado y destituido  por cometer irregularidades. En los archivos que  sobre él reposan  en el IESS,  consta que   tras una  auditoría interna  fue  sancionado administrativa y pecuniariamente en noviembre de 1997 por asignar contratos sin la aprobación de la Procuraduría Regional. A fines del mismo año, en cambio, recibió un severo llamado de atención por el procedimiento adoptado   para el pago de servicios cumplidos en el área de Psiquiatría.

En julio de 1998, Loor fue sancionado   administrativamente y multrado por  no solicitar a la Secretaría del Comité de Adquisiciones  las actas de adjudicaciones para la compra de reactivos para el laboratorio, entre 1994 y 1995.

Un año después también recibió cinco sanciones. Por ejemplo,   en julio,   la División Regional de Recursos Humanos detectó la irregular  adquisición a la firma “Alem” de materiales descartables de cirugía laparoscópica. Y en diciembre  la  misma dependencia lo sancionó y multó, tras una auditoría interna, por   adquisiciones  de concentrados y filtros para hemodiálisis de solución y equipos para diálisis, en  1994, sin cumplir la norma vigente. En esa ocasión fue destituido y se  prohibió su reingreso al IESS.

Sin embargo, durante otra auditoría realizada en el 2000, se detectaron otras anomalías  en la contratación   y convenio de pago de planillas a proveedores realizados entre  1996  y 1998.  Así como por pagos irregulares efectuados a la clínica Guayaquil desde enero de 1998 hasta diciembre de 1999.

Ex veedores presionaron para evitar salida de funcionarios

Ante la indiferencia del Gobierno, Wheatley envió una nueva carta al  Jefe de Estado el 7 de febrero de este año para insistir en la “necesidad imperiosa de los cambios administrativos necesarios en el hospital Teodoro Maldonado Carbo” y se refirió al informe final de la Veeduría realizada para  el período 2008-2010, en donde se denunció un presunto peculado por 10,5 millones de dólares.

Además, le reitera que “es muy preocupante que el economista Ramiro González Jaramillo no nos haya dado respuesta alguna a lo solicitado a su digna investidura”, con respecto a la designación de los nombres, por ella propuestos, para ocupar   cargos directivos del IESS y del hospital. 

Y el 13 de marzo pasado, los tres ex veedores también solicitaron, mediante un oficio,  al director general del IESS, Fernando Guijarro,  que  revoque la orden de destitución en contra de Betty Campi Carpio y de Alejandro García (coordinador de informática), funcionarios del hospital guayaquileño, bajo   el argumento de que había el  “malestar de los pacientes que requieren del servicio de estos funcionarios, alterándose la  atención médica planificada por los mismos”.

Al respecto, Wheatley señaló que la  veeduría  está concluida y  serán las autoridades de control las que comprueben las irregularidades y las sancionen.

A su criterio, desde la socialización del documento, en  octubre de 2011, este dejó de ser privado y  negó que haya solicitado 10 cargos en el IESS, como denunció  el director Ramiro González, sino que  “sugirió” nombres como el de Loor porque “es el clamor de los jubilados”, mas  no porque  defienda intereses particulares.