Reconociendo que “hay mucho por hacer”, Doris Soliz, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, habla sobre los principales avances que, considera, se han ejecutado durante los últimos cinco años en el sector que coordina.

De acuerdo con el trabajo desempeñado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), ¿cuáles son los indicadores de pobreza que se registraron en los últimos cinco años?

Entre 2006 y 2011 se observó un menor número de ciudadanos pobres. En 2011 se reportaron 940.050 personas menos, en comparación con 2006. Entre las áreas urbana y rural, la pobreza es mayor en la rural. En 2011 se indica que el 50,9% de las personas del área rural son pobres; es decir que una de cada dos personas que viven allí carece de recursos.

¿Cuáles son los indicadores de pobreza según los grupos étnicos?

La población más afectada es la indígena: el 60,9% de este grupo es pobre. Le sigue la población montubia, con el 50,5%.

¿Cuántos niños se han incorporado al sistema educativo?

En 2011 se reportaron 136.285 personas más que asistieron al bachillerato, en comparación con 2006. En el área urbana, la tasa de asistencia escolar es mayor que en la rural. En cuanto a la instrucción superior, en 2011 se registraron 136.842 personas más que hace cinco años.

Para usted, ¿cuál es la situación de la mujer ecuatoriana en estos momentos?

Históricamente, las sociedades construyeron una gran injusticia con las mujeres. Ser diferentes a los hombres no debería, evidentemente, significar discriminación ni desigualdad de oportunidades. Y es a partir de la división del trabajo que se las excluye en muchos ámbitos: en la economía, en la propiedad...

De acuerdo con las cifras del MCDS, la pobreza es un factor que se presenta más en las mujeres…
... Así es, todavía la pobreza tiene rostro de mujer, especialmente indígena. Requerimos de políticas para aminorar esa brecha.

¿Qué iniciativas se han tomado para trabajar con esta situación?

En este gobierno los problemas de género son resueltos con una política de igualdad de oportunidades. En el Ministerio de Finanzas, por ejemplo -durante la época de la ministra Elsa Viteri-, se creó el Factor K, que permite determinar cuánto perciben las mujeres del presupuesto del Estado. Es un agente que analiza el presupuesto con mirada de género. Lo que queremos es conocer si lo que invertimos en educación y salud está llegando equitativamente a las mujeres.

¿De qué manera se ha direccionado la asistencia social a las mujeres?

En el tema del aseguramiento no contributivo, como el Bono de Desarrollo Humano, se ha privilegiado a 1,2 millones de mujeres, pero no con una visión asistencialista, sino como un incentivo, porque la madre que recibe el bono tiene que matricular a sus hijos.

En el sector social, ¿cómo se va a garantizar que los servicios de salud tengan una alta calidad?

Hemos articulado trabajo con los ministerios de Salud, de Educación, Vivienda, de Inclusión Económica y Social (MIES), así como la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), el Instituto de Economía Popular y Solidaria y el Programa de Finanzas Populares.

Se va a consolidar la inversión del 25% del sector social, que significa $ 46. 5 millones del presupuesto anual para continuar la cobertura en salud, vivienda, educación...

¿Cómo será asignado ese presupuesto?

Vamos a trabajar a través del modelo de circuitos y distritos. Hemos visto que es importante tener una escala de planificación territorial, donde todo el frente social mapea cuántas escuelas son necesarias para la población.

Son 140 distritos a nivel nacional en los que se van a distribuir todos los servicios. Este año tenemos planificado avanzar con 40 y sus respectivos circuitos. El primer distrito que se inauguró fue en el Azuay. Mapeamos cuántas escuelas tenemos, cuántas necesitamos; colegios, canchas deportivas.

Y luego funcionará articuladamente con los centros de salud, centros infantiles, el Bono de Desarrollo Humano. A eso se sumarán las Unidades de Vigilancia Comunitaria y la dotación de servicios básicos.