Rosa Sigcho lloraba. Afligida tuvo que mirar   cómo ayer los jóvenes -hijos de personas que viven en la cárcel- atendidos por  la Fundación Ganas se embarcaron en cuatro furgonetas para dejar la casa hogar. “Chao Rosita, chao Rosita”, gritaron tres de los pequeños antes de subirse al vehículo. “Dios les bendiga, mis guaguas”, dijo antes de limpiar su rostro.

Durante 10 meses  Rosa trabajó en la Fundación cuidando a los menores, hijos de personas privadas de su libertad,  cocinando para ellos.

Los niños y niñas atendidos por la Fundación ocupaban 4.900 metros cuadrados de los 20 mil que tiene el claustro del Convento Mercedario,  en El Tejar, casco colonial de Quito. El convenio que el organismo mantenía con la institución religiosa terminó, quedándose los menores sin un hogar.

Hace dos meses los seis empleados de la institución fueron notificados  de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través del Instituto de la Niñez y la Familia, se haría cargo de los 20 niños y adolescentes que vivían en la  Casa de Acogida de la Fundación Ganas,  ubicada en el sector del Tejar (centro de Quito).

“Yo me encariñé con los niños. Eran bien educados,  los quería un montón”, contó  Rosa mientras se despedía de Israel, de seis años.

En varias  mochilas y en bolsas de plástico los chicos cargaron sus pertenencias y se subieron felices al vehículo. 
El primer grupo  de siete niños se trasladó  a la casa hogar San Vicente de Paúl, en donde se reunieron con otros 15 pequeños;  dos menores fueron instalados en la casa San Leonardo Murialdo, en donde se encuentran otras 77 personas. Ambas instituciones  tienen un convenio de cooperación con el Ministerio de Inclusión Social y Económica.

En el tercer grupo,  seis menores fueron trasladados a la casa Enrique Gallo, la cual funciona con administración directa del MIES; allí se encuentran  otros 16 niños. Cinco  están viviendo ahora con sus familias.

Ayer finalizó el comodato de las instalaciones donde funciona la Casa de Acogida de la Fundación Ganas, que daba asistencia a los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad.

Ramiro Pinos, responsable de Protección Especial de Pichincha del INFA, explicó que se llegó a esta resolución luego de verificar la infraestructura de la casa hogar, la alimentación, la situación administrativa y jurídica en la que se encuentran cada uno de los niños, niñas y adolescentes.

Pinos aseguró que dentro de este proceso técnico solo tres niños tenían el acogimiento legal, es decir la orden a cargo del Juzgado de la Niñez. Agregó que la directiva tampoco se encuentra inscrita dentro de los estatutos y no habían contratado a un   psicólogo ni  trabajador social.

Alex Andrade, presidente de la Fundación, también se encargó de ver que cada niño se llevara todas sus cosas hasta su nuevo hogar.

Se mostró consternado al ver que  abandonaban las instalaciones, formadas  por cuatro dormitorios, un salón de teatro, cocina, huerto, cuarto de panadería y lavandería.   

El presidente   reconoció que la Fundación todavía necesitaba  ejecutar varias implementaciones legales, pero añadió que los menores eran bien atendidos. “Tenían chequeos médicos permanentes en el Hospital Vozandes. Pero, sobre todo, recibían un trato afectuoso”.

Indicó que   algunos de los menores tienen buenas calificaciones.
Uno de ellos es Jonathan,  abanderado de la Escuela México.

Sus padres están en la cárcel y  llegó a la institución hace casi dos años,  junto con sus tres hermanos. “Aquí hicimos muchos amigos. Ellos fueron mi familia”, comentó el chico, antes de partir.

Elsie Idrovo, coordinadora de la Fundación, trabajó por esa causa durante tres años y cuatro meses. Tras el cierre de las instalaciones, reconoció que los seis empleados quedaron en la desocupación. “No sabemos qué va a pasar de ahora en adelante. Pero esperamos que todo esto sea por el bien de los chicos,  eso es lo más importante”.