Hay personas que circulan por las calles como si nada ocurriera. Salen a trotar, caminar o pasear a sus mascotas o a cumplir sus rutinas diarias.

Otras, sin respetar las reglamentaciones vigentes, infringen las medidas sobre los autos cuyas placas no están autorizadas a circular ese día o aparecen con documentos alterados. 

En decenas de ciudades se  omite el pedido de que la gente se quede en casa para evitar la propagación del coronavirus o covid-19. En algunas poblaciones y barrios hay enfrentamientos de los moradores con la Policía, como este lunes sucedió en la Ferroviaria, en el sur de Quito, porque un grupo estaba libando en la calle. O ayer, en Riobamba, donde los comerciantes fueron al mercado de productores, que estaba cerrado, derribaron las barandas y chocaron con los vigilantes. 

Durante  las mañanas de los últimos días es preocupante la cantidad de vehículos particulares que circulaban por el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil, y por la avenida Eloy Alfaro, en la capital.

Según los datos oficiales, el número telefónico 911 ha recibido más de 42.000 llamadas para denunciar violaciones al toque de queda, vigente desde el 25 de marzo, de 14:00 a 05:00 del siguiente día.

En este mismo período  de cuarentena hubo 21 mil llamadas al 911 para pedir que la Policía vaya a dispersar aglomeraciones y encuentros masivos, en especial en las provincias de mayor concentración poblacional del país.

Pese a los llamados a la conciencia colectiva, a la disciplina y al comportamiento adecuado de los ecuatorianos para frenar o aplanar la curva de contagios por el coronavirus, todos los días la Policía hace operativos. Estos son para detener a personas contagiadas que dejan la cuarentena, salen de sus casas y circulan por las calles.

¿Son conscientes de que afectan a otros ciudadanos que no están enfermos?

¿Les importa que se les levanten partes policiales y que después de la emergencia sean procesadas con sanciones penales de hasta tres años?

Otro problema es el mal uso de los salvoconductos.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha detectado irregularidades de ciudadanos en la utilización de los 2’387.000 documentos emitidos desde el 17 de marzo pasado.

El COE ha decidido endurecer la autorización de esos permisos de circulación. La primera: todos dejan de tener validez desde esta semana. Con plazos distintos para las personas particulares y para las actividades de industrias, negocios y de transporte de alimentos, se tendrá que obtener un nuevo documento.

¿Qué hechos están contribuyendo a que la población no acate medidas que las autoridades han sugerido, precisamente, para salvar la vida de los demás y su propia vida?

Un ejemplo: el inusitado crecimiento en las cifras de muertes y contagios en la provincia de Santa Elena puede explicarse, según el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, en que “en esa provincia la circulación de vehículos y personas es altísima”. También explicó que los mercados están abiertos, en especial los de pescadores.

“La gente parece no comprender que por cada persona contagiada hay tres que pueden adquirir la enfermedad. No hay conciencia general del pedido de quedarse en casa”, subrayó el Viceministro en la cadena nacional de ayer.

El analista Xavier Villacís dijo que la sociedad es indiferente y que está dejando solo al Gobierno, pues no solo es tarea del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) abastecer y alimentar a la población. 

“En ciudades de la Costa, de más de cien mil habitantes, la gente está saliendo a buscar comida. Los gobiernos locales invierten en otro tipo de obras, en plena crisis sanitaria y económica, pero no ponen atención a su obligación social de llevar comida a los más necesitados”, señaló.

Pero el problema no parece ser solo el de alimentarse, sino el de ganar algo de dinero. (I)

En Quito se han tenido que cerrar mercados populares, como el de San Roque o el de Iñaquito por el peligro que significa el movimiento de los vendedores, las aglomeraciones de quienes acuden a comprar.

Según el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, es necesaria esa medida para proteger no solamente a quienes trabajan allí, sino a los usuarios.

El caso se agrava por la desazón de ciudadanos que no saben qué hacer con su trabajo.

“He facturado 132 dólares en los últimos 30 días y mis egresos en el mismo tiempo han pasado los 7.000”, escribió Daniel Salazar, de Machala, en su cuenta de Twitter.

La asambleísta Wilma Andrade, del grupo Bloque de Integración Nacional, manifestó que la indisciplina social tiene algunas explicaciones, entre ellas, es la primera vez en la historia que una pandemia ataca de una manera sorprendente. Aunque ya se conocen algunas razones todavía tiene misterios por resolver, dijo.

Pero también criticó que en los medios aparezcan funcionarios que anuncian estar contagiados de coronavirus y luego aparecen sanos, sin ningún síntoma.

Por ejemplo, dijo, si la gente ve que la alcaldesa de Guayaquil contrae el virus y se cura tan rápido, puede producirse una falta de credibilidad social acerca de la gravedad del virus. “Hay que evitar ese tipo de mensajes que son muy negativos para la gente común”, dijo.

No obstante, el significado de las cifras va mucho más allá y no parece que existiera manera de detenerlas, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La ministra de Gobierno María Paula Romo informó que en el primer mes 16.837 ciudadanos han recibido la multa de 100 dólares; 748 deben pagar un salario básico; hay 1.028 detenidos y 4.554 vehículos han sido retenidos. 

Casi un centenar de ciudadanos de Guayaquil han infringido hasta por cinco ocasiones seguidas el toque de queda.

 Ramón Zambrano, comerciante, reflexionó: “A veces pienso que soy el único que sigue estrictamente las recomendaciones. No salgo para nada. Pido todo a domicilio y me enoja que el resto de la gente sea irresponsable y nada solidaria”. (I)

Mercados y centros de abasto refuerzan controles  sanitarios
Bajo estrictos controles sanitarios permanecen mercados y centros de abastos de diversas provincias del país para evitar que se conviertan en focos de propagación de covid-19  luego de detectarse que la ciudadanía acude masivamente.

En Tungurahua volverá a funcionar el Mercado Mayorista de Ambato por disposición del COE Provincial, pero con modificaciones. Al ingresar los productores y comerciantes catastrados tendrán un horario diferente al de la ciudadanía.

Además se restringirá el acceso a personas de grupos vulnerables y se efectuarán controles de triaje y pruebas rápidas, de forma aleatoria, en la entrada al lugar.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, en cambio, personal de la Intendencia de Policía recorrió el mercado Costa y Sierra donde verificó la instalación de un arco y túnel de desinfección para autos y ciudadanos. 

Mientras que en Zamora Chinchipe, para evitar que los habitantes de Zamora y El Pangui se aglomeren en centros de abastos, la Jefatura Política junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los gobiernos municipales impulsan la feria agropecuaria móvil, que entrega productos a domicilio.  (I)