Dos fueron los argumentos jurídicos esenciales que expusieron las organizaciones a favor de los derechos de las personas LGBTI, para impulsar el reconocimiento de Satya con los apellidos de sus madres inglesas: Helen Bicknell y Nicola Rothon.

Durante la última audiencia, que se realizó el jueves en la Corte Constitucional (CC), se habló del artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual enfatiza que las autoridades e instituciones deben privilegiar sus decisiones al interés superior del niño en el ejercicio del conjunto de sus derechos.

“La niña tiene derecho a inscribirse con el apellido de sus dos madres lo que no se contrapone con las leyes ecuatorianas. Es gravísimo que se dé un tratamiento diferenciado y que se esté afectando al interés superior del niño”, puntualizó Pilar Rassa, directora del observatorio de género y diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha.

También destacó el artículo 67 de la Constitución, en el que se reconoce los diversos tipos de familias.

“El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”, refiere la legislación.

Satya nació en Malchinguí (Pichincha) en 2011 y vive en Ecuador. Sin embargo, su identificación es de extranjera porque en el Registro Civil no la quisieron inscribir con el apellido de sus dos madres.

“Ella tiene derecho a ser ecuatoriana y  a gozar de todos los beneficios que este país da a su población. No es justo que se le niegue la opción de ser legalmente una compatriota”, reiteró Rassa, quien cree necesario dejar los prejuicios con los que se ha actuado anteriormente.

Por su parte, el jurista y catedrático universitario Cristian Paula cree que durante los seis años de vida de Satya se ha vulnerado totalmente la justicia.
“Se violenta su identidad y sus derechos fundamentales; porque en caso de que la madre biológica muera, la otra madre no podría tenerla por lo que terminaría en una casa de acogida y luego pasaría a un proceso de adopción, porque no registra más familiares.

Además, la madre no gestante, en el ámbito laboral, no puede inscribirla como carga familiar para solicitar el pago de las utilidades. Son muchas las afectaciones por la inclinación sexual de sus madres”.

Al respecto, el artículo 11, numeral 2, de la Constitución reza que  nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género o cultural, orientación sexual, entre otros.

La Defensoría del Pueblo del Ecuador impulsa la acción de protección para tutelar principalmente los derechos a la identidad y nacionalidad de Satya, a quien catalogan como víctima de discriminación normativa.

“Hay que preocuparse en proteger los derechos de la niña, que no puede quedar en la incertidumbre. La filiación de la menor no afecta a ningún grupo social, pero está en condiciones de desigualdad y siendo discriminada”, expresó Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo.

Esta institución considera que si la niña no puede registrarse con los dos apellidos de sus madres quedará en indefensión e inseguridad jurídica por su falta de inscripción.

En 2012, el Registro Civil negó la inscripción porque la ley no contempla la doble filiación materna o paterna y en la normativa institucional (vigente desde 1978) solo se permite que los niños lleven los apellidos de un hombre y de una mujer, o los de la madre soltera.

El argumento en contra se basa en la prohibición que hace la Constitución de adopción de niños a parejas homoparentales. Empero, ese no es el pedido de la pareja.

A través de redes sociales, la agrupación ‘Ecuador Provida’ mencionó que, según estudios, los niños adoptados por homosexuales tienen más estrés, porque la unión de estas parejas tiende a ser inestable. Otros grupos lo desmienten.

Breve reseña del caso

- Las ciudadanas inglesas Helen Bicknell y Nicola Rothon mantienen su relación sentimental por más de 15 años. En 2011 inscribieron su unión de hecho en Ecuador.

- Al año siguiente nació Satya a quien quisieron inscribirla con sus dos apellidos. Al recibir la negativa, presentaron su pedido a  la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha.

- En 2016, la Defensoría del Pueblo solicitó la acción de protección para tutelar la identidad de la menor, a la que apoyan desde 2012. La Corte Constitucional no emite aún un dictamen final.

- En caso de que el dictamen no sea favorable todas las instituciones que apoyan el pedido de identidad ecuatoriana elevarán su pedido a nivel internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (I)