La Contraloría General del Estado (CGE), en su informe de borrador emitido este miércoles 22 de noviembre, tras el examen especial a los fondos asignados y utilizados por el Ministerio de Educación para la ejecución del "Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el Sistema Educativo" determinó que no hubo gestión para diseñar, implementar y ejecutar dicho proyecto.

El informe de borrador establece además que los titulares de la Cartera de Educación, entre los años 2013 y 2017, así como los subsecretarios de innovación y buen vivir no efectuaron las diligencias pertinentes ante el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación (Senplades) para conseguir las asignaciones presupuestarias pertinentes.

El documento señala también que no se establecieron los lineamientos necesarios previos a la archivación de las denuncias presentadas por supuestos abusos sexuales dentro del sistema escolar.

El Ministerio de Educación contrató en 2013 una auditoría por $ 39.200 para diseñar la estrategia para erradicar la violencia sexual. Sin embargo, no hay ningún documento, ni producto físico resultante de dicha auditoría.

El informe determinó que entre septiembre de 2011 y marzo de 2017 hubo 1837 denuncias de abuso, acoso y violación; de éstos a 1182 corresponden a autoridades y docentes a los cuales se iniciaron sumarios administrativos y 655 son personal administrativo y estudiantes. Para los primeros se tramitan un régimen disciplinario y a los segundo acompañamiento y apoyo sicológico.

Según explica el documento de CGE, la Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir indicó que hasta octubre de 2017 hubo 582 denuncias, mientras que de esa fecha a junio 2018 los casos aumentaron a 1837, que significa un incremento del 315%.

En enero de este año, el actual titular del MinEduc contrató a 10 abogados diligentes para desarchivar 372 casos, de los cuales 244 ya tienen sentencia; 243 se resolvieron con destitución y a 1 se le declaró inocente. Hubo 51 inadmisiones y 77 casos aún están pendientes de resolución.

La entidad además indicó que no existen registros de delitos sexuales perpetrados en el sistema educativo antes de 2014 ya que ese año se cerraron las direcciones provinciales de educación y no se traspasó ninguna información al respecto a las administraciones distritales.

Los responsables tienen 5 días laborables para presentar sus pruebas de descargo antes que la Contraloría emita el informe final que determinará sanciones administrativas, civiles o penales. (I)