Al hablar de la intervención de la Universidad de Guayaquil, el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez, fue franco y tajante: “Tenemos que eliminar las mentiras sociales en Ecuador. Aunque  sea la universidad más grande, sabemos que tiene problemas y, en ese marco, lo que tenemos que buscar, colectivamente, son soluciones para alcanzar la excelencia”.

La Comisión Interventora liderada por Jorge Kalil Barreiro tiene 45 días de plazo para presentar al pleno del CES el plan de intervención. No obstante, Ramírez propone algunas iniciativas, como resolver la estafa a los alumnos.

Según el informe elaborado por el ente, los cobros a los estudiantes por tasas, especies valoradas y derechos universitarios iban desde $ 1,30 hasta $ 324. Además de los cursos de inglés y computación que tenían costos desde $ 35 hasta $ 70, por los seminarios de graduación cobraban $ 300.

Solo el valor a restituir a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias alcanza los $ 123.997, reportó la universidad. “Como primer paso, vamos a analizar cada caso de aquellos estudiantes que hayan pagado y se haya violado el principio de gratuidad. El dinero se les devolverá inmediatamente. Obviamente, tienen que presentar sus respaldos”, aseguró.

La creación de un sistema informático de gestión académica evitará problemas administrativosLa  intervención también se enfocará en el mejoramiento de la calidad educativa e infraestructura universitaria, para lo cual se destinarán $ 41 millones. De esta cifra, al menos $ 7 millones serán para investigación, con el aporte de los 100 prometeos (docentes especializados) que entrarán a la institución.  

El campus principal será declarado como zona Wi-Fi para el libre acceso a Internet. Se concederán becas al Grupo de Alto Rendimiento (GAR), a los cinco mejores estudiantes de los últimos años de varias facultades.

Alrededor de 1.200 profesores serán contratados a tiempo completo, debido a que el CES cuestionó que solo 78 de los 3.500 docentes trabajan en jornada completa.

También dijo que el alumnado deberá evaluar a sus docentes, tal como lo establece el Reglamento del Docente Investigador para las universidades. “Pondremos énfasis en que vuelva a imperar el reino de la academia”, acotó Ramírez.

El funcionario insistió en que la Ley Orgánica de Educación Superior se debe cumplir. La normativa  establece que el  60% de maestros tenga  título de cuarto nivel, y el establecimiento, docentes de planta. En el informe, 119 profesores no han registrado sus títulos y solo 6 han cursado un doctorado.    

La Comisión deberá presentar al CES el plan de intervención universitaria en un plazo de 45 díasA la par anunció que se acercan cambios profundos en la administración. “Una universidad que tiene 70% como carga administrativa no puede llamarse universidad, puede llamarse un ente burocrático, pero no universidad. Esta inversión que estamos haciendo todos los ecuatorianos a la universidad estará destinada a fortalecer la calidad académica y eso es invertir en el profesor, en investigación, en el estudiante, en infraestructura, en bibliotecas y en tecnología”.

La institución recibe más de 100 millones de dólares del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. Y para transparentar todo el gasto e  inversión que tendrá  la Universidad de Guayaquil, Ramírez anunció la creación de un sistema informático de gestión académica para evitar potenciales problemas administrativos. “Este mecanismo produce ciertos impactos en términos de rendición de cuentas y de transparencia”, acotó.

Estas ideas se sumarán al plan de intervención elaborado por la Comisión Interventora, que deberá ser aprobado por el pleno del CES. Esa Comisión puede vetar las decisiones del Consejo Universitario y tiene la capacidad de proponer iniciativas de implementación inmediata.

Según informó Ramírez, el proceso de intervención será monitoreado. Los interventores deberán informar sistemáticamente al CES el cumplimiento de cada uno de los avances.

Las  próximas sesiones que el CES agendará con la Comisión Interventora serán públicas. Ramírez aseguró que “toda la ciudadanía, el país, los estudiantes, los profesores, deben ser veedores del  proceso”. Y adelantó que el presupuesto destinado para la intervención no contempla capacitaciones para aquellos estudiantes  graduados que sientan vacíos en su formación académica.

“En este momento excedería las opciones que tenemos de política pública con respecto a lo que se va a hacer dentro de la universidad”, aclaró el funcionario, quien invitó a los estudiantes a aplicar al programa de  becas  internacionales que otorga el Estado.

Dijo estar optimista por el cambio. Cree que las reformas a la Universidad de Guayaquil deben apoyarse de forma colectiva:  “En este proceso se debe trabajar con los estudiantes, profesores, personal administrativo y trabajadores de planta. No es una cuestión del Consejo o de la Comisión Interventora, es una cuestión de la universidad, del Estado y de la sociedad”.

A su criterio, este es un paso para romper con la partidocracia y la política frente a la academia. Reconoce  también que existen cambios positivos en la educación. Y espera el informe final que el Consejo de Evaluación de la Educación Superior (Ceaaces) entregará al país en los próximos días y que incluye a la institución intervenida.   

“En este plan de excelencia para la Universidad de Guayaquil, nosotros como país no podemos fracasar. Si fracasamos, estamos hipotecando el nivel educativo”, concluyó.

AGRONIVEL Y CONSUNINPRAC, MISMA OFICINA

El informe elaborado por el Consejo de Educación Superior (CES) señala como una  de las irregularidades  dentro de la desviación de fondos de la Universidad de Guayaquil  los depósitos realizados  a la cuenta de la  empresa Agronivel S.A. por concepto de seminarios, cuando estos valores se destinaron a gastos de alimentación.

En un comprobante de pago se detalla la suma de 85 dólares  destinada a  la cuenta de esta empresa. Para conocer el pronunciamiento de los representantes de Agronivel, EL TELÉGRAFO acudió ayer al edificio  Torres del Norte, torre “A”, en el norte de Guayaquil, domicilio registrado por la empresa en la   Superintendencia de Compañías.

Sin embargo, el portero del edificio aseguró que ninguna empresa con  ese nombre funcionaba allí y que en la oficina de referencia operaba Consuninprac, dedicada a la Consultoría e Investigación de Proyectos Académicos, por ejemplo, de tesis. Incluso, al llamar al número telefónico  registrado en la Superintendencia, la contestadora anuncia a Consuninprac.

Ya en la oficina, un funcionario que prefirió el anonimato, confirmó que en las mismas instalaciones también funciona Agronivel S.A. (empresa de servicio de alimentos y bebidas), paralelamente a Consuninprac. Pero indicó que el gerente, Iván Sánchez Estrella, se encontraba de vacaciones y que regresaría  en una semana, por lo que cualquier versión con respecto a su vinculación con la universidad se ofrecerá cuando él retorne.

ESTUDIANTE CON MEJOR PUNTAJE RECIBIÓ BECA

Con emoción y alegría, Sebastián González (20) recibió la noticia de que obtuvo el mejor puntaje del país en el examen para educación superior: 998 sobre 1.000 puntos, que lo ubica en el Grupo de Alto Rendimiento (GAR). René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), lo visitó ayer en su casa, en el norte de Quito, para darle la noticia e informarle que recibirá una beca internacional del Senescyt.