Tiene 22 años. Había llegado a Ecuador desde Colombia atraída por una oferta laboral, que recibió a través de redes sociales. Lo que no sabía Luisa (nombre protegido) era que se trataba de una acción fraudulenta, que a la larga resultó una tragedia en su vida, pues quien la “contrató” la llevó a ser objeto de explotación sexual.

Este caso es uno de los últimos que resolvió la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, después de la información que llegara al Ministerio de Gobierno desde Colombia, que a su vez había recibido una alerta de la mujer, también a través de redes sociales.

Su rescate se dio tras una labor interinstitucional entre Policía Nacional y Fiscalía General, que no solo liberó a Luisa de las redes de trata, sino que también desarticuló un grupo narcodelictivo que, además de varios delitos de delincuencia organizada, captaba mujeres a través de redes sociales, bajo la promesa de ofertas laborales que no existían, para obligarlas a prostituirse en beneficio de la banda.

El caso, detalla Tomás Guayasamín, Director de Prevención, Trata de Personas, Tráfico Ilegal de Migrantes y Desaparecidos del Ministerio de Gobierno, ocurrió hace pocas semanas. En el Ecuador, el 64,7% de hechos denunciados por ese delito se comete contra mujeres, la mayoría nacionales; el 2,5% son de Venezuela, el 0,6% de Colombia y el 0,3 de la India; el 31% restante no registró nacionalidad

Uno de los delitos más execrables es la Trata de Personas y, ante cada alerta, el Estado ecuatoriano, a través de la Policía Nacional, investiga para que se judicialice a los criminales, que se mimetizan de distintas maneras en la sociedad para someter a otras personas, muchas veces a los más frágiles: niños, en la mendicidad; adolescentes, jóvenes y mujeres en la explotación laboral y de tipo sexual.

El Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, trabaja en tres ejes: prevención del delito, protección a las víctimas e investigación y sanción de responsables del hecho. Al momento existen también comités locales en las provincias de Loja, Azuay, Imbabura, Carchi, Cañar y El Oro.

A nivel nacional el comité es liderado por el Ministerio de Gobierno y lo integran las carteras de Educación, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Trabajo, Salud, Turismo, MIES, secretarías de Comunicación, de Derechos Humanos y Senescyt; Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

Eso permite que las víctimas tengan un tratamiento integral, cuando son rescatadas. Es lo que sucedió con Luisa, quien recibió asistencia psicológica y protección en un hogar de acogida, mientras se resolvía su situación, en coordinación con autoridades de Colombia, para su retorno en plena época de pandemia.

La asistencia a las víctimas es fundamental en estos casos, comenta uno de los investigadores de Policía Nacional, que prefiere la reserva de su identidad; y destaca lo importante que es el tratamiento que les dan, tras ser rescatadas. “En las casas de acogida reciben apoyo en el ámbito social, educativo y psicológico, vital para el instante en que deben reinsertarse a la sociedad”, dice.

Aunque el delito de Trata de Personas se ejecuta dentro la explotación laboral, extracción de órganos, conflictos armados, mendicidad, matrimonio servil o adopción ilegal, el más recurrente en Ecuador es la explotación sexual y lo que más sorprende es que el explotador, al menos en un 80% de casos, está  en el hogar o en el círculo más cercano, dice el agente investigador.

“Son padrastros o parientes de sangre, pero casi siempre los explotadores son conocidos. Ofrecen a las víctimas como mercancías para beneficiarse, las llevan a centros de diversión o directo a moteles, donde buscan sacar réditos económicos, para, en la mayoría de casos, solventar adicciones a drogas y alcohol”, expresa.

También hay los casos de quienes se acercan a las víctimas con perfiles falsos, refiere el investigador. Las conquistan, las hacen sus parejas, al poco tiempo les dicen que no tienen dinero y las explotan contra su voluntad inmiscuyéndolas en la prostitución. Otros explotadores las captan con ofertas laborales tramposas, como sucedió con Luisa, quien cuando fue rescatada padecía de covid-19. Fue aislada y, en cuanto se recuperó, pudo regresar a Colombia, sin saldar las deudas que aspiraba pagar cuando decidió venir al Ecuador a trabajar, pero reconfortada porque superó la pandemia y a los delincuentes que la inducían a la explotación sexual. (I)

*Colaboración especial para EL TELÉGRAFO