Anna Vohlonen, oficial de educación y Primera Infancia de la Unicef, observa que el reordenamiento académico debe tener como objetivo mejorar, y no lo contrario.

La experta detalla que, de acuerdo a un estudio realizado entre 2017 y 2018 por la entidad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Ecuarunari, no se realizó una consulta previa a las comunidades para definir si las escuelas unidocentes debían fusionarse con instituciones más grandes.

Uno de los retos que indica el Comité por los Derechos del Niño es el transporte escolar. En su momento -recuerda- se ofreció movilidad para garantizar que las  fusiones no generen exclusión del sistema educativo. 

Sin embargo, el estudio evidenció que el 22% de las familias fueron excluidas por el cierre de las escuelas comunitarias.

Vohlonen indicó que el estudio muestra que en 27 comunidades se incrementó el costo de la educación para las familias hasta en más de $ 150.

Otro dato alarmante para la representante de la Unicef es que bajó el porcentaje de niños que desayunan antes de ir a los establecimientos, debido a las largas distancias que debían recorrer para asistir a clases.

Para Joaquín González, quien es el representante de la Unicef en Ecuador, el 90% de las familias que cambiaron de centro educativo a sus hijos o representados, gastaron entre $ 30 y $ 100 adicionales por esa mudanza. (I)