En 2001, una joven peruana de 17 años llamada K.L. tenía 14 semanas de embarazo, cuando los médicos en un hospital de Lima diagnosticaron al feto con anencefalia, una anomalía de nacimiento letal. Le dijeron que el embarazo pondría su vida en peligro y se le recomendó un aborto.

El aborto era legal en Perú en casos como este, pero el hospital se rehusó a practicarlo argumentando que el Estado no entregaba regulaciones claras para entregar el servicio. K.L. fue forzada a continuar con su embarazo hasta el final.

Fue una decisión que terminó causándole consecuencias mentales y físicas a la joven. La familia de K.L. presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señalando que al negarle el acceso a un procedimiento médico legal se violaron sus derechos. El Comité estuvo de acuerdo y recomendó que Perú pagase una compensación a K.L. Esto ocurrió en 2005. Una década después, en enero pasado, el gobierno peruano accedió a pagar la compensación.

Ha sido la primera vez que el Comité consideró que un país violó los derechos de la víctima bajo varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), incluyendo el derecho a una compensación efectiva. (I)