Bibiana Aido, representante de la ONU Mujeres en Ecuador, resaltó los beneficios de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer.
La funcionaria, quien acudió a la Comisión Ocasional, expresó que es una norma de segunda generación, es decir, que no oculta el problema, sino que amplía su concepto y no la restringe solo al espacio intrafamiliar. El objetivo de estas leyes -dijo- es profundizar en las causas estructurales y establecer medidas de prevención, sanción, asistencia, protección integral y restitución de derechos. “Lo importante es que coinciden en que las mujeres, en su diversidad, son el sujeto protegido”.
La representante de la entidad explicó que, con la norma, se cumplen algunas recomendaciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (Cedaw), de la que el país es parte. Ecuador ha suscrito al menos otras seis convenciones, declaraciones o planes de acción.
La Cedaw aconseja la adopción de una legislación inmediata y la fiscalización sistemática de los casos de violencia desde un enfoque interseccional.
De las recomendaciones, el proyecto incorpora el establecimiento de un registro único, que permita trabajar con información confiable para la toma de decisiones.
Joaquín González, representante de la Unicef, invitó a los asambleístas a enfrentar el desafío de contar con un sistema de protección de derechos para los grupos vulnerables, como la niñez, y que debe tener especificidades para cada uno de ellos. “Este sistema debería contar con la prevención, atención, reparación y respuesta”. (I)
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