Según la investigación “Hablar del aborto con todas sus letras” del portal comunitario Wambra –ganador del Premio de Periodismo Eugenio Espejo 2018- son las mujeres más jóvenes y empobrecidas las que ponen en riesgo sus vidas al realizarse abortos inseguros en condiciones precarias. Debido a esto, ellas terminan en centros de salud pública donde son denunciadas por los mismos médicos o enfermeras y, por lo tanto, son judicializadas. Desde 2014 son 286 las mujeres denunciadas por aborto.

El Informe de Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador, presentado en 2018 por diferentes organizaciones sociales como el Taller de Comunicación Mujer, la Coalición Nacional de Mujeres, Surkuna y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, muestra que el 100% de las féminas judicializadas por aborto son de bajos recursos económicos, el 40% son afroecuatorianas, un 69% tiene entre 14 y 19 años.

Este último dato también echa por tierra otra historia que se repite hasta el cansancio y que asegura que mujeres menores de 18 años no son judicializadas por abortar, pues son inimputables. La verdad es que el 22% de las procesadas por el delito de aborto son adolescentes y niñas de menos de 18 años. Ellas son procesadas como adolescentes infractoras.

Pese a esta realidad estadística, es común que en el debate sobre la despenalización del aborto los sectores retardatarios digan que en Ecuador ninguna mujer está presa o ha sido perseguida por abortar. Como se ve, esto no solo es falso, no solo es cruel, sino que es una cortina de humo que distrae la atención del problema principal: una mujer que se realiza un aborto inseguro en la clandestinidad no solo pone en riesgo su libertad, pone en riesgo su salud y su vida.

Aquellas de estratos medios y altos abortan en mejores condiciones. El dinero paga una atención médica y, sobre todo, confidencial. Esta es la realidad: las mujeres con recursos puden abortar en clínicas, sin ningún riesgo de morir, enfermar o ir presas. Las que ponen el cuerpo en las estadísticas de las vías judiciales y muerte por aborto son las niñas y mujeres que carecen de recursos. En la práctica, la criminalización del aborto lo que hace es penalizar la pobreza y la falta de acceso a seguridad, salud y educación.

Hoy desde Sororidad damos un espacio a mujeres indígenas y afrodescendientes, dirigentes y activistas; para que alcen su voz en este tema desde sus visiones y lugares personales. (O)