La adjudicación de becas y la imposibilidad de tener cuentas o activos en el exterior, o de participar la constitución de negocios fiduciarios se convirtieron en los nuevos motivos de reclamos de los directivos de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Esos dos temas forman parte de la Ley de Extinción de Universidades Suspendidas por el Consejo de Evaluación y Acreditación (Ceaaces) aprobada en segundo debate por la Asamblea y que  aguarda el pronunciamiento del Ejecutivo.

Según el rector Jaime Breilh, este paquete de reformas son inconstitucionales y ponen en riesgo el funcionamiento de la universidad. “Estas reformas pretenden hacer una  politización del sistema de becas”.

Breilh ayer confirmó que la UASB mantiene fondos económicos en el exterior, pero aclaró que son de autogestión y no provienen del Estado. “Las universidades internacionales públicas tenemos potestad de manejar esos recursos y tener esa reserva académica que nos permiten manejar los ciclos académicos”.

Por su parte, René Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, recordó que las universidades daban becas (en función de los aranceles que eran altos), es decir, menos ayudas. “Establecimos  subvenciones en función de lo que se le da a un estudiante de universidad pública categoría A; con lo que se pasaría de 14.000 a 27.000”. Ramírez, sobre la Flacso, indicó que tienen un convenio para entregar fondos de investigación. (I).