El titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Granda, instó este martes 5 de mayo de 2020 a que el sector público y privado lleguen a un acuerdo en función de la protección del empleo en el contexto de la pandemia por covid-19.

Granda se pronunció al respecto en un foro virtual titulado “Los desafíos del sector productivo en el marco de la disciplina social”, con la participación de cerca de 200 representantes de los sectores empresariales, de la construcción, de la Academia y medios de comunicación.

El Ministro señaló que un tema de discusión a nivel local es cómo garantizar la protección del tejido social, debido a que aunque el Estado da protección a las personas en situación de vulnerabilidad, esto no es suficiente.

Precisó que se ha duplicado la protección social en el país y que antes de la emergencia por covid-19 se entregaban un millón 25 mil bonos de protección social. Actualmente la cifra alcanza un millón 950 mil.

La discusión, dijo, pasa por el tema de cómo se logra la inclusión social, pero no desde las perspectiva de bonos, pensiones o asistencias, sino desde lo intersectorial con los actores públicos y privados, para ver acciones que permitan proteger las fuentes de empleo. “El rato en que alguien quede sin empleo, tiene que ser objeto de protección social y no siempre ocurre”, anotó.

Por ello, dijo, es importante analizar cómo proteger a la clase media y cómo se adoptan decisiones en cuanto al manejo de las deudas con la banca privada por parte de los sectores productivos, las mipymes y la economía popular y solidaria y cómo reactivarlos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, pidió a los cantones evaluar, previa consideración de la situación sanitaria y siguiendo las reglas del COE nacional, la posibilidad de abrir el comercio formal.

Informó que en el primer día de la fase de distanciamiento, este 4 de mayo, se registraron ventas por $ 53 millones, concretados online o por teléfono, básicamente por mercancías represadas de electrodomésticos y vestimenta, pero también por concepto de reparación de equipos electrodomésticos (licuadoras, lavadoras, entre otros), venta de muebles, flores y cosméticos.

Indicó que estas operaciones corresponden a ventas formales, que generan liquidez, permiten sostener empleo y generar recursos al Gobierno. Además señaló que, según algunas estimaciones, en esta paralización se perderán 135.000 empleos en todo el país. (I)