El concejal Norman Wray presentó una ordenanza que tiene como objetivo convertir a Quito en una “ciudad libre de clínicas que atenten contra los derechos humanos”.

Intenciones similares tiene el Ministerio de Salud Pública, que ha colocado la problemática de los centros que tratan adicciones y abusan de los pacientes, como un asunto  que debe resolverse con urgencia.

En el país existen clínicas destinadas a tratar las adicciones a las drogas y el alcohol; sin embargo, en algunas también se ofrecen curas a orientaciones sexuales y de género,  que ya no son consideradas, a nivel psiquiátrico, como patologías.

Según un informe del Taller Comunicación Mujer y el grupo Artikulación Esporádika, el 70% de estos centros no  presenta información sobre su constitución legal y mecanismos de operación, por lo que se dan contradicciones, vacíos informativos e irregularidades.

Violaciones, golpes, encierros y todo tipo de vejaciones se han denunciado en algunas de estas clínicas, que ofrecen tratamientos sin sustento profesional