Al menos setenta y seis países cuentan con legislación que criminaliza la homosexualidad, algo que viola los derechos humanos, según denunció este miércoles la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay.

Pillay presentó este miércoles un estudio sobre leyes y prácticas contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) según el cual al menos 76 países tienen leyes que criminalizan explícitamente las relaciones homosexuales o "vagas prohibiciones que se aplican de forma discriminatoria" contra este colectivo.

Desde el año 2000, las leyes que criminalizan actos homosexuales han sido derogadas en Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Georgia, Fiji, India, las Islas Marshall, Nepal, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, así como en territorios dependientes de Nueva Zelanda y Reino Unido.

Pese a ello, actualmente en al menos cinco países se puede aplicar la pena de muerte a aquellos que sean declarados culpables de delitos de conducta homosexual.

La Comisión de los Derechos Humanos confirmó que el uso de la pena de muerte en la penalización de delitos no violentos, incluidas las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo "constituye una violación de la ley internacional sobre derechos humanos".

El informe que ha presentado hoy la Alta Comisionada, elaborado a partir del estudio de dos décadas de documentos recogidos por los organismos de derechos humanos de la ONU, concluye que existe un claro patrón de violencia y discriminación contra las personas LGBT.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Pillay aseguró que la violencia contra este colectivo ocurre en todas las regiones, al tiempo que agregó que los incidentes más comunes son los asesinatos selectivos, los asaltos violentos, los actos de tortura y la violencia sexual.

Ayer mismo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de Chile anunció que un joven homosexual chileno se encuentra en coma tras ser agredido el pasado fin de semana por un grupo de neonazis, quienes además hicieron varias marcas en su cuerpo y le arrancaron parte de una oreja.

Ante este tipo de situaciones, Pillay instó a los gobiernos a mejorar sus respuestas para combatir la violencia homófoba y reclamó un cambio en aquella legislación que discrimina "y trata como criminales" a las personas basándose en su orientación sexual o su identidad de género.

La presidenta del Consejo de Derechos Humanos, Laura Dupuy Lasserre, recordó que la criminalización de las personas homosexuales "es una violación de la ley internacional" e instó a los países miembros de este órgano a responder ante estos actos.

"Necesitamos informes periódicos que verifiquen que los casos de este tipo de violaciones se están tratando, y para que esto ocurra cuento con este Consejo y con todas las personas concienciadas", concluyó.