Un total de 12.000 personas solicitaron refugio en Ecuador en el 2012, en su mayoría de nacionalidad colombiana. Ecuador y Colombia, con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se reunirán en el primer trimestre del próximo año para analizar acciones tendientes a mejorar la situación de la población refugiada en el país, en el marco de un plan de atención integral que apunta al respeto y promoción de sus derechos, así como a su retorno voluntario.

Aproximadamente 162 mil personas han solicitado refugio en el país durante la última década. A la fecha, alrededor del 35 % de este universo goza del estatus de refugiado, el cual se otorga a las personas que "debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de su país”.

Ecuador es el país con mayor cantidad de refugiados reconocidos en Latinoamérica, cerca de 56.000 a la fecha. La atención de esta población demanda la inversión de 60 millones de dólares anuales, en términos de acceso a salud, educación y subsidio al gas de uso doméstico. El país aspira a recibir una mayor cooperación de la comunidad internacional para atender a los refugiados en su territorio, bajo el principio de “responsabilidad compartida”.

La Dirección de Refugio atendió a más de 118.000 personas en todo el 2012 a nivel nacional. Receptó en este año 12.000 solicitudes, el 98,5 % de las cuales corresponden a ciudadanos colombianos, y otorgó el estatus de refugiado a 1.500 personas, las cuales gozan de los mismos derechos de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país.

De igual forma, ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la atención a la población refugiada en el 2012, a través del envío de 10 brigadas de documentación a Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas, con el fin de renovar visas de refugio y certificados de solicitantes. Ello ha permitido que los refugiados cuenten con los documentos necesarios para acceder a los servicios esenciales de salud y educación, así como para ejercer su derecho al trabajo.