Hace 5 meses, un terremoto de 7,8 grados sacudió la Costa ecuatoriana. El resultado fue devastador: más de 600 personas fallecidas y cientos de viviendas y edificaciones afectadas. Los primeros esfuerzos se concentraron en habilitar los albergues para recibir a las familias damnificadas.

Hoy existen tres ejes de trabajo: la atención a los damnificados, la reconstrucción de las zonas de desastre y la reactivación económica. Desde el inicio, el Gobierno procuró garantizar las condiciones básicas a 11 mil damnificados por el terremoto en los albergues ubicados en las zonas afectadas.

Estos refugios son una solución temporal mientras continúan las tareas de reconstrucción que, según estimaciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), costarán más de $ 3.344 millones.

El 67% del costo de la reconstrucción lo asumirá el sector público, mediante la obtención de $ 1.000 millones que se generarían con la Ley Solidaria; $ 660 millones que provendrían de líneas de contingencia como el Banco Mundial, BID o CAF; $ 400 millones del Fondo Monetario Internacional; y $ 193 millones del Presupuesto General del Estado y otros.  

El 33% restante del costo total que se generará para la reconstrucción ($ 1.091 millones) provendrá del sector privado. Más del 90% de los daños están concentrados en la provincia de Manabí, donde se localizó el epicentro.

En Manta se han realizado cerca de 1.781 demoliciones, de las 2.146 que están planificadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). La reactivación económica de la ciudad se ha visto fortalecida también por la ayuda tanto pública como privada.

Según Roberto Gamez, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas, hay un significativo avance en los trabajos de demolición de edificaciones afectadas. “Nuestro caso es diferente al de Manabí porque en la provincia verde no demolemos manzanas enteras, sino edificaciones muy puntuales”.

Gamez explica que junto a estas edificaciones hay viviendas de construcción mixta que resistieron el terremoto. Él indica que solo en la provincia de Esmeraldas se aprobaron 600 órdenes de demoliciones y solo 280 están concluidas.

Eli Torres, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Muisne, precisa que en los albergues, refugios y campamentos de este cantón hay cerca de 4 mil personas.

Se prevé que a partir del 1 de octubre se inicie la construcción de las viviendas. “Esperamos entregarles el 50% de casas hasta diciembre y el otro 50% en mayo”.

Soluciones habitacionales se entregarán en Tarqui

El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, dice que en dos semanas la ‘zona cero’ de Tarqui estará abierta. “Ese es el plazo que se ha dado para que se terminen las demoliciones”. En este lugar, bastante afectado por el sismo, ya se realizó el estudio de suelo. Se hicieron perforaciones y se efectúan los análisis sismográficos.

En la ciudad son más de 3.000 familias las que recibieron bonos de vivienda para reparación y construcción. Zambrano destaca que según el informe de la mesa técnica son más de 7 mil ciudadanos afectados los que solicitan los bonos para ser invertidos en reparación y vivienda nueva.  

En la ‘zona cero’ el  Consorcio Tarqui —empresa que se contrató para el alcantarillado de esta parroquia y del sector Los Esteros— entregó un informe donde se señala que se ha incrementado el número de personas  dedicadas a estos trabajos. La nueva zona comercial de Tarqui permitirá a los comerciantes reunirse en este espacio, destinado para 1.700 personas. (I)