Juan Fernando Acán, su profesión es ser agricultor de la parroquia de San Andrés (Chimborazo). Con la llegada del proyecto de ‘Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano’ (ATLM), ya no solo cultiva su parcela sino que es el propietario oficial de un lote de 0.0961 hectáreas.

Otra beneficiaria es María Felicidad Álvarez Villacrés, quien reside en Cubijíes (Riobamba) y posee 0,0143 hectáreas. Al preguntársele sobre los resultados del proyecto, Darwin Araujo Mosquera, habitante del sector Palma Real, de la parroquia Rosa Zarate, del cantón Quinindé, afirma: “Ya no soy solo posesionario, ahora legítimo propietario de la tierra que cultivo y con el título podré acceder a créditos productivos”.

El plan ATLM es ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) como parte de una política de redistribución de tierras en el país.

Este proceso está sustentado en la Constitución de la República, las leyes de Régimen Alimentario, la ley de Desarrollo Agrario y Tierras Baldías, Ley de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Código Civil, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda para la Transformación Productiva y decretos presidenciales respectivos.

Con el proyecto ATLM, se busca legalizar la tenencia de la tierra de campesinos y agricultores de los sectores rurales y, también, entregar títulos de propiedad a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Mediante la redistribución de predios rurales que se encuentran bajo el dominio de instituciones públicas, así como de tierras que pasan a formar parte del patrimonio del Magap por procesos de expropiación, se aspira a su vez a contribuir al desarrollo productivo de los predios redistribuidos a organizaciones campesinas.

El proceso de transformación comenzó hace 6 años

Desde 2010, cuando el Proyecto ATLM inició su ejecución, el Magap ha legalizado un total de 237.590 predios en favor de las familias campesinas y tituló 587.889 hectáreas a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Además de apoyar el desarrollo productivo de 59.347 hectáreas a nivel nacional, el proyecto redistribuyó 60.101 hectáreas a pequeños y medianos productores, que se agruparon en organizaciones que son parte de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

Estas acciones se ejecutan debido a que se identificó que el principal problema en el país es la inequidad y falta de acceso a la tenencia de la tierra, por parte de los campesinos, agricultores, productores familiares y agricultores organizados en el sector rural.

Según el proyecto ATLM, este problema es causado por los escasos ingresos económicos de los agricultores, las limitadas posibilidades de ahorro y el desconocimiento de los beneficios propios del trámite de legalización de las tierras rurales.

El título amplía opciones

Según enfatiza el proyecto ATLM, sus beneficiarios logran obtener seguridad jurídica inmediata para sus propiedades. Pero eso no es todo.

El título es un instrumento legal a partir del cual el productor campesino puede acceder a beneficios gubernamentales tales como préstamos para incrementar la producción y asesoría técnica del Magap para ejecutar proyectos que potencien la productividad de los predios.

Solo en 2015, el Magap entregó 59.058 títulos de propiedad. De este monto, 7.871 títulos fueron adjudicados en Chimborazo y 13.483 en Tungurahua.

¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder al beneficio?

Para que una persona natural, que se encuentra en posesión de tierras baldías, pueda ser beneficiada de la legalización de sus tierras, deberá cumplir ciertas condiciones básicas.

Entre estas se encuentran: ser mayor de edad; ejercer la posesión del predio por un mínimo de 5 años de manera pacífica, tranquila e interrumpida; y tener como actividad principal a la agricultura.

También, se establece como condición que el predio no se encuentre dentro del patrimonio del Ministerio del Ambiente ni dentro de una zona urbana. En el caso de las tierras ubicadas en el Litoral, se solicita que el predio no esté dentro de zona de playa y bahía.

Las tierras serán valoradas a un ‘precio social’

Para poder aprovechar los procesos de redistribución de tierras, las organizaciones campesinas deben cumplir algunos requisitos mínimos.

En primer lugar, aquellas organizaciones que cuenten con personería jurídica deberán adecuar sus estatutos y haber registrado su directiva ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). En cambio, aquellas organizaciones que no cuenten todavía con personería jurídica deberán hacerlo ante la SEPS.

Una vez realizado lo anterior, las organizaciones serán calificadas a través de las normativas establecidas por la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (STRA). Y esto en razón de que la organización beneficiaria recibe la tierra a un precio social y, también, el acompañamiento de los programas y proyectos del Ministerio.  

A su vez, los beneficiarios de la redistribución de tierras recibirán capacitación en fortalecimiento organizativo, asistencia técnica, acompañamiento en los procesos productivos y acceso a créditos. (I)