El gobierno de Rafael Correa impulsó el uso del grillete electrónico como una alternativa a la prisión preventiva en las reformas establecidas al Código Orgánico Integral (COIP) en 2014. 11 años más tarde, varios políticos allegados al movimiento Revolución Ciudadana (RC) y su antecesor Alianza País se han visto obligados a usar el dispositivo que ellos mismos impulsaron a implementar como una “forma de aliviar las cárceles", tras verse implicados en investigaciones penales, algunas de las cuales derivan de casos de corrupción emblemáticos, como el Caso "Sobornos".

¿Quién compró los grilletes?

En 2016, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia durante el gobierno de Correa y actual legisladora, realizó la compra de 4.000 dispositivos de vigilancia a la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), por USD 13,7 millones, incluido el costo de la licencia.

Su uso empezó en mayo de 2017, pero al año siguiente la Contraloría General del Estado determinó irregularidades en el proceso de adquisición de los equipos, que incluyó un análisis por supuestos problemas técnicos, como su funcionamiento en tiempo real y complicaciones de conexión con el Ecu-911.

La Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal contra la exministra, por "haber firmado un contrato sin estudio de operatividad" junto a dos administradores del contrato y un representante de la empresa china. 

En 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) determinó que un 66% de los dispositivos se encontraban dañados o presentaban diversas anomalías.

Para 2025, la entidad continúa con el uso de los dispositivos electrónicos y como si fuera una ironía algunos de sus más famosos “poseedores” fueron protagonistas del gobierno correísta o cercanos a la figura de su líder. 

Correístas con grillete

Uno de los primeros en usar grillete electrónico fue Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Rafael Correa. En octubre de 2018 se despojó del dispositivo y huyó hacia Venezuela. En la actualidad se mantiene en calidad de prófugo de la justicia y en septiembre de 2024, la justicia lo sentenció a cinco años de prisión por malversación de fondos públicos.

En 2019, una jueza determinó el uso del dispositivo a Alexis Mera, exsecretario jurídico del correísmo e implicado en el Caso Sobornos. Fue sentenciado al siguiente año por cohecho y obtuvo la prelibertad a inicios de 2023, tras cumplir el 40% de su sentencia de ocho años de prisión.

Otra figura cercana a Correa en emplear el artefacto fue María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, y también condenada en el Caso Sobornos por cohecho. La exfuncionaria se refugió en la Embajada de Argentina y escapó el 15 de marzo de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Actualmente permanece en paradero desconocido y es prófuga de la justicia.

La exasesora presidencial de Correa, Pamela Martínez, junto a su colaboradora Laura Terán, emplearon el dispositivo como parte de su cooperación con la justicia en el Caso Sobornos. En este caso, Martínez fue sentenciada a 38 meses de cárcel y Terán, a 19 meses y seis días, como cómplices del delito de cohecho.

En 2019, el grillete también se colocó a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y Virgilio Hernández, exlegislador, por su participación en las protestas de octubre de 2019. Ambos fueron acusados por la Fiscalía General del Estado del presunto delito de rebelión. Se les retiró el grillete en 2022, tras recibir una amnistía de la Asamblea Nacional.

El 20 de julio de 2025 también se colocó el grillete a Aquiles A., alcalde Guayaquil y cercano a la Revolución Ciudadana, en torno a una supuesta comercialización irregular de combustible.

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#Política I El empresario Xavier Jordán, prófugo de la justicia, no se presentó a la Comisión de Fiscalización y mandó una carta. #LéaloEnET https://t.co/tCP9om0Ww2 pic.twitter.com/lfIcwyzkSa

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) July 21, 2025