A nueve años del terremoto en Manabí y Esmeraldas, que dejó 673 personas fallecidas, este viernes 6 de junio de 2025 no se pudo instalar la audiencia de juicio por presunto peculado, por un supuesto desvío de fondos destinados por la Ley de Solidaridad para la reconstrucción de las zonas afectadas. 

En el caso estarían involucrados el exvicepresidente Jorge G. y Carlos B., exsecretario de la Reconstrucción. 

Las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia (CNJ, en el norte de Quito, estuvieron vigiladas por un fuerte contingente de policías y Jorge G. llegó a la audiencia aproximadamente a las 08:15. Carlos B. se encuentra prófugo. 

En la audiencia previa al juicio, la defensa de Jorge G., solicitó al Tribunal, conformado por los jueces nacionales Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, que se le practique una evaluación psiquiátrica a su cliente, en la que se determine si se encuentra en condiciones mentales para afrontar el juicio. 

Pese al pedido de la Fiscalía para que se proceda con la instalación de la audiencia, la jueza Caicedo ordenó a la institución que se realice la evaluación psiquiátrica de Jorge G. y entregue un informe en un plazo de 10 días para conocer si es o no imputable.

Sobre la prisión preventiva, que caduca el 6 de julio de 2025, el Tribunal suspendió el plazo de su caducidad, hasta que efectúe la pericia psiquiátrica. Con ello, el exvicepresidente, con condenas ejecutoriadas por asociación ilícita (Caso Odebrecht) y cohecho agravado (Caso Sobornos), permanecerá detenido en la Cárcel 4, a donde fue trasladado desde el centro penitenciario de máxima seguridad, La Roca. 

La convocatoria para la próxima instalación del juicio será el martes 17 de junio de 2025, a las 08:30.

Debido a sus supuestos problemas de salud, Jorge G. contará -por disposición de la CNJ- con asistencia médica de personal del Ministerio de Salud (MSP) durante los días que dure el juicio.

¿De qué se trata el Caso Reconstrucción?

La investigación de la Fiscalía está basada en un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, que detectó irregularidades en proyectos realizados en Manabí con los fondos de la Ley de Solidaridad. 

De acuerdo a la hipótesis del caso, Jorge G. y Carlos B. habrían desviado fondos de la Ley de Solidaridad hacia obras que no eran complementarias o no constaban en la planificación de proyectos de reconstrucción. También se investiga si se habría beneficiado a contratistas en la ejecución de estas obras. 

Entre los proyectos cuestionados se encuentran el Parque Las Vegas de Portoviejo, el proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta, y el Redondel del Imperio Colisa. 

Con la Ley de Solidaridad, que estuvo en vigencia por ocho meses desde junio de 2016, se recaudaron USD 1.501 millones. 

#AHORA | Caso #ReconstrucciónDeManabí: para cumplir con la pericia psiquiátrica a Jorge G., solicitada por el Juez de instrucción, no se instala la audiencia de juicio por presunto #Peculado. Tribunal otorga un plazo hasta el 16 de junio para la presentación de dicha pericia. pic.twitter.com/9g8cyHi3nN

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 6, 2025

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#Seguridad I SNAI reveló el motivo para trasladar al exvicepresidente Jorge G. desde La Roca hacia la Cárcel 4 de Quito. #LéaloEnET https://t.co/Vwn1XId8oE pic.twitter.com/JZZd2eAyGj

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