Como difícil, pero transparente, calificó Washington Jurado Vera al concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la designación de juezas y jueces, realizado por el Consejo de la Judicatura.

Es uno de los postulantes a Juez de Contravenciones del cantón Daule y, como él, más de 2.000 personas rindieron hoy el examen final del curso de formación.

La jornada inició a las 08:00 con la presencia del presidente alterno del Consejo de la Judicatura, Marco Maldonado, y otros representantes del organismo, quienes recorrieron las diferentes salas para garantizar la transparencia y organización en la toma de la prueba.

Para el funcionario, este proceso obedece al mandato ciudadano del 7 de mayo de 2011 y busca satisfacer la exigencia ciudadana en la designación de jueces y juezas. “Lo que trata de hacer el Consejo de la Judicatura es que los nuevos magistrados tengan el más alto nivel académico y profesional a la hora de administrar justicia”. Agregó que este es un programa de inducción para quienes se postulan y es el inicio de un proceso continuo de profesionalización y perfeccionamiento para quienes sean designados en los cargos.

Según Jurado, ayer se pusieron a prueba no solo sus conocimientos, sino la capacidad en la toma de decisiones de los postulantes. La prueba, dijo, estuvo dividida en una parte teórica y otra de casos prácticos, cada una con un tiempo de dos horas para desarrollarlas.

El sistema de evaluación entregaba a los postulantes el puntaje obtenido, lo que, a criterio de Luis Bastidas, director nacional de Personal del Consejo de la Judicatura, garantiza aún más la transparencia en el accionar. “No se tiene que esperar por la calificación y así se evitan malas interpretaciones”.

Indicó que después de esta etapa se dará un lapso para reconsideraciones, a fin de que quienes se sientan perjudicados presenten a los docentes y al Consejo su solicitud. Se prevé que para el 25 de marzo se cuente con la lista definitiva de los jueces y juezas elegidas y el banco de elegibles.

El director destacó que el concurso es una etapa para ingresar a la Función Judicial, pero que -además- se contará con evaluaciones periódicas a las que estarán sometidos los servidores públicos con el fin de ratificar sus capacidades y garantizar a la ciudadanía la honestidad, transparencia y una justicia oportuna.

A la evaluación asistió también Mónica Vanegas, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su asistencia tuvo como objetivo dar seguimiento, acompañar, transparentar y confirmar que todo se ha desarrollado a cabalidad. “Esperamos que  sean los mejores ciudadanos y ciudadanas quienes administren justicia”.

Para ella, el uso de la tecnología ha ayudado de forma notoria en el examen porque  a través de un mecanismo tecnológico se puede garantizar transparencia y dar un tiempo prudencial para rendir las pruebas teóricas y contestar casos prácticos.

Érika Álvarez García, postulante para la Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia de Cañar, afirmó que la formación y evaluación fue físicamente agotadora, pero necesaria. “Es bueno porque nos estamos actualizando y eso nos prepara en el caso de llegar a los juzgados”.

Agustín García Camacho, quien aspira a ser juez del Tribunal de Garantías Penales en Santo Domingo de los Tsáchilas, coincide en la necesidad de formación y considera que es oportuno que la gente se prepare para ejercer el cargo.