Un total de 338 objetos fue retirado de varios locales, durante un operativo conjunto desarrollado por el Consejo de la Judicatura, Juzgado de Contravenciones, Gobernación, Policía Nacional, Ejército Nacional, Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscalía y Aduana Nacional.

La acción, que busca detener la comercialización de mercadería sin  documentos, se realizó en ocho establecimientos.

Previamente, la Policía Judicial desarrolló un trabajo de investigación para verificar si los artículos que se ofrecen tenían algún comprobante de ingreso.

Como resultado  se retuvieron: 42 radios completas, 21 bases, 16 pantallas, 4 amplificadores y 19 marcos de radio, 2 motores de vehículos, 15 parlantes de carros, 2 cerebros de automotores,  4 cámaras fotográficas, 134 aros para neumáticos, 29 llantas, 8 llantas con aros, 13 tapacubos, 4 celulares,  4 reproductores de DVD, 6 faros y direccionales de vehículos, 8 controles de radio, 2 calculadoras, 1 volante de vehículo, 2 codificadores, 1 guitarra y un arma de fuego tipo cartuchera.

Los objetos fueron retenidos luego de constatar que los comerciantes no contaban con las facturas respectivas. El comandante de  Policía del Azuay, Lenín Bolaños, precisó que una lista de los objetos incautados se pondrá en conocimiento del juez de Contravenciones especializado en la lucha contra la comercialización de mercancías ilegales.

El titular de es despacho, Jaime Andrade, aclaró que las declaraciones juramentadas sobre compras de objetos usados  no son documentos válidos para este tipo de negocios y el único comprobante que permite establecer su propiedad son las facturas.

La directora provincial del Consejo de la Judicatura, Andrea Arteaga, mientras tanto, motivó a continuar el trabajo interinstitucional en función de erradicar  productos no justificados del mercado y, al mismo tiempo, invitó a la ciudadanía a no adquirir artículos que no tengan los documentos legales para su comercialización.