Tras el anuncio de una marcha y de la posible paralización de las unidades, por parte de la Unión de Taxistas del Azuay, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera (foto), dijo que no permitirá ninguna medida que afecte a los ciudadanos. Además no descartó iniciar las acciones legales en contra de quienes suspendan este servicio. El gremio tiene previsto realizar su medida de hecho el 1 de octubre.   

Los dirigentes aseguran que su posición fue siempre de mantener el diálogo, pero sostienen que no encuentran respuestas.

Bolívar Sucozhañay, presidente del gremio, explicó que ya tomaron la decisión de marchar por las calles en compañía de sus familias.

Añadió que desde hace varias semanas solicitaron la atención de la Municipalidad. El problema, señala, es el cobro de patentes por parte del Cabildo. El representante de los conductores de unidades de alquiler recordó que anteriormente presentaron una propuesta para que sus unidades queden exentas de ese pago. Adicionalmente, los integrantes del gremio solicitan un costo diferente en las carreras cuando superen los 7 kilómetros del perímetro urbano. Del mismo modo, demandaron del Ayuntamiento que gestione ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que el pago de la matrícula se cumpla cada 5 años. Cabrera dijo que hay exigencias en las cuales la Municipalidad no puede tomar decisiones. “Hemos estado trabajando a beneficio de todos los taxistas”, manifestó.

Puso como ejemplo que el carril destinado exclusivamente para los buses sea también utilizado por los carros de alquiler. Así también destacó que está haciendo un control permanente de los ‘taxis piratas’.

“Durante el período anterior se detuvo a 260 informales. En lo que va de nuestra administración llevamos 954 capturas de personas no autorizadas para dar este servicio”, enfatizó. En cuanto a las patentes, señaló que este pedido fue atendido y al momento esperan el informe del procurador síndico de la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV).  

“Es un asunto que no se puede resolver de manera personal. Debe ser tratado en el Concejo Cantonal, que es el encargado de fijar las tarifas. Luego de tener el informe será llevado ante el cuerpo edilicio, para su conocimiento”, acotó. El gerente de la empresa, Alfredo Aguilar, aseveró que una eventual paralización es ilegal. (I)