La Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Azuay rechazó el recurso de apelación presentado por los afectados con el cierre de la cooperativa Coopera.

Con esto se confirmó la resolución emitida el 4 de septiembre, cuando se negó el pedido de acceso a la información sobre el estado financiero de la entidad que entró en proceso de liquidación.  

El presidente de la Sala, el juez Guillermo Ochoa, indicó que se rechazó el recurso en base al artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Carlos Heredia, representante de los extranjeros afectados, pidió a los jueces que se acepte el recurso y se sancione a Hugo Jácome, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, por no entregar datos del estado de la cooperativa y con ello negarse a cumplir con lo que  establece  la  Constitución sobre el acceso a la información. “Los ciudadanos que aprobamos la Constitución de 2008, que garantiza el acceso a la información pública, estamos siendo burlados y engañados”, dijo el delegado.

Heredia indicó que los representantes legales, tanto de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  como de la Contraloría General del Estado, se fundamentaron en un reglamento que no existe. “El artículo 9 al reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia sobre la entrega de la Información Pública y  Acceso a la Información fue derogado y los señores jueces acaban de convalidar un reglamento que no existe y que creó el señor Jácome con el fin de ocultar toda la información de Coopera”, añadió.

Acotó que analizarán la posibilidad de iniciar acciones legales por prevaricato contra los jueces que llevaron a cabo este proceso.