Una reunión con el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, planteó la semana anterior el ministro del Interior, José Serrano, para evaluar los problemas suscitados en la zona de tolerancia, ubicada en el barrio Cayambe.

En este sector, cerca del centro de la ciudad y en donde hace 50 años se concentran locales nocturnos, se han presentado varios incidentes. En mayo pasado se registró una balacera que dejó 3 heridos.

Los moradores solicitaron por varias ocasiones a las autoridades municipales la reubicación de los establecimientos.

El ministro señaló que es necesario que se revise el uso de suelo al ser una zona vinculada directamente con el sector residencial.

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, por pedido del Municipio, ya realiza un estudio para la reubicación.
El alcalde indicó que no se pronunciará sobre este tema mientras no tenga los resultados.

Para el edil Xavier Barrera, integrante de la Comisión de Seguridad, no se puede esperar hasta que el   informe esté listo y que antes de pensar en la reubicación es necesario tomar medidas en la zona.

“Caso contrario lo que estaríamos haciendo es trasladar el mismo problema del barrio Cayambe a otro sector de la ciudad”, señaló.

Acotó que, junto con el Consejo de Seguridad Ciudadana, se reunió  con los propietarios de esos locales y se llegó a varios acuerdos, entre ellos: hacer un diagnóstico de la zona, retomar espacios de diálogo y la cooperación interinstitucional. “Los dueños de los locales se comprometieron a hacer todas las adecuaciones que sean necesarias para mejorar la seguridad de sus locales  y colaborar en la seguridad de los exteriores”, añadió.

Según Barrera, el tema de seguridad no sería el único problema de este sector, a este se sumarían otros asuntos, como la informalidad y subarrendamiento, pero los vecinos consultados van más allá y dicen que el sitio es buscado para la venta de drogas.

Cerca de 200 clausuras

Viviana Bueno, intendenta de la Policía de Azuay, informó que en el primer semestre se realizaron 2.834 operativos de control en diferentes locales.

Añadió que 6.308 establecimientos fueron visitados, producto de lo cual 189 resultaron clausurados. Además, se decomisaron 7.000 litros de licor artesanal.

“En los centros de diversión nocturna, la función de la Intendencia es verificar que no ingresen menores de edad, ni personas indocumentadas, así como revisar los permisos de funcionamiento, controlar que se cumplan  los horarios y que haya seguridades para los ciudadanos”, señaló Bueno.

Desde el pasado enero, sostuvo, se han realizado intervenciones en la mayoría de los cantones, salvo en Pucará y Sevilla de Oro, por la distancia.

“El apoyo de la ciudadanía es fundamental para efectuar este trabajo. Todas las denuncias son atendidas”, manifestó la funcionaria. (I)