Un informe de la Contraloría General del Estado sobre las cuentas que maneja el Gobierno Autónomo Provincial de Azuay sirve de base para una investigación de la Fiscalía al accionar del titular de esa dependencia, Paúl Carrasco.

Esta última entidad evalúa  los posibles indicios de responsabilidad del funcionario.

El fiscal de Azuay, Lizandro Martínez (foto), afirmó que se indaga el  manejo de una cuenta especial del Consejo Provincial.

“No es que la Fiscalía por sí haya abierto una indagación en contra de una persona, es la Contraloría que motiva, exalta u oficia. Lo hace tras un examen especial realizado el pasado marzo”, aclaró.

El informe, según Martínez, manifiesta expresamente: que en el examen que hemos realizado creemos que hay un indicio de responsabilidad penal.

Ahora, sostuvo, le corresponde a la Fiscalía investigar esos hechos que ha pedido la Contraloría para saber si son reales o no.

“En el documento del organismo de control se cita a Carrasco y a otros funcionarios”, aseveró.

Hasta el momento se notificó al prefecto y a esos colaboradores para que presenten sus pruebas de descargo.

El fiscal informó que dos exalcaldes también son investigados.

Entre tanto, trascendió que el gobierno autónomo provincial analiza la venta de la sede institucional, ubicada en la calle Bolívar, y, además, un terreno en el sector de Chiquintad. Carrasco anunció que insistirá en vender las acciones de la entidad en las eléctricas. (I)