La Policía decomisó decenas de motocicletas indocumentadas que estaban guardadas en doce talleres de la ciudad.
Los agentes  verificaron que la serie alfanumérica del motor y chasis corresponda  al modelo y marca, pero en muchos casos esa información no coincidía o no constaba en la base de datos de la entidad.

Los propietarios de estos negocios dijeron que los dueños, a quienes no identificaron, se las dejaron para que las reparen, pero nunca volvieron.

Jaime Andrade, juez de Contravenciones del Azuay, explicó que la matrícula es el único documento válido para justificar la propiedad de la motocicleta.

Aseveró que la acción desplegada se realizó con órdenes de allanamiento, previa labor de elementos de inteligencia.

La Policía solicitó a los administradores de estos negocios que redacten una nota de trabajo, en la que conste el nombre del propietario, placa y otras seguridades, con la finalidad de evitar inconvenientes.
El objetivo ahora se concentra en determinar la procedencia de estos vehículos.