El Municipio de Cuenca ha recaudado $ 10.415, por concepto de multas a ciudadanos que infringieron la ordenanza que sanciona el consumo, venta y entrega gratuita de bebidas alcohólicas en espacios públicos, vigente desde noviembre.

Catalina Pesantez, jefa de la Unidad de Rentas y Tributos,  explicó que recibieron por parte de Comisaría Municipal, el reporte de 389 procesos para cobro.  

De ellos, tan solo 59 infractores ya han cancelado la sanción pecuniaria. El valor de la multa por ingerir este tipo de sustancias en las áreas públicas es de $ 177 (50% del salario básico).  En caso de reincidencia, el monto equivale a un salario básico unificado. Para los expendedores el castigo económico es similar. La Guardia Ciudadana ha entregado en los últimos meses más de 1.500 boletas.    

Mauricio Ordóñez, comisario municipal de Uso Indebido del Espacio Público, explicó que las personas notificadas tienen un plazo de 5 días para impugnar.

En caso de no hacerlo, sostuvo, se da por aceptada la sanción y se solicita  a la dirección Financiera que se cree un título de crédito para el cobro de la multa. “El ciudadano tiene 30 días par cancelar, si no lo hace en ese tiempo el Municipio inicia un trámite de cobro por la vía coactiva”, explicó. En el caso de los que impugnan, son llamados a audiencia y ahí se determina si son o no culpables. La ordenanza dispone un plazo de 8 días para este proceso,  sin embargo, según Ordóñez, debido a la carga procesal el periodo se extiende. “Este rato tenemos programadas audiencias hasta el 21 de octubre”, acotó. También existen personas que declaradas culpables y al no tener la posibilidad de cancelar el valor de la multa, optan por desarrollar trabajo comunitario.  

Carmen Ordóñez, trabajadora social del Proyecto Vida, del departamento de Desarrollo  Social del Cabildo, manifestó que unas 80 personas han solicitado acogerse a esta opción, pero de ellos unas 42 personas han cumplido. “Los demás luego de enterarse de lo que tenían que hacer, pues no han venido”, aseveró. Son 80 horas de labor comunitaria que deben cumplir los infractores, ya sea realizando trabajos de limpieza, albañilería o ayudando en centros de personas con discapacidad. (I)