La decisión de las autoridades, entre ellas de la Dirección de Educación, de normar el trabajo del transporte escolar llevó a los choferes de este gremio a protestar e incluso amenazar con paralizar sus unidades.

Ayer se reunieron con el gobernador del Azuay, Humberto Cordero, y expusieron sus cuestionamientos a los controles previstos, sobre todo en el número de pasajeros.

La polémica surge desde el inicio del año escolar, ya que trasladaban hasta 22 estudiantes en las busetas, sin embargo, las autoridades de tránsito y seguridad les exigen que, a partir del 15 de este mes, lleven solo 15 pasajeros.

Los transportistas expresaron su descontento y rechazaron los controles anunciados “porque afecta a su economía”. “Sobre todo se pretende disminuir el número de ocupantes”, dijo Luis Abril, presidente de la Asociación de Busetas.

Cordero manifestó que se harán los estudios técnicos para medir la real capacidad de cada unidad y, sobre esa base, determinar el número exacto de ocupantes. “Porque eso se mide en kilos y no en número de ocupantes, ya que no todas la personas son iguales, pero creo que esta actividad debe ser vigilada, ya que transportan niños y jóvenes”, indicó.

Los transportistas, tras la reunión, mostraron su satisfacción por la apertura de las autoridades para consensuar una solución.

Luis Zamora, vicepresidente de la organización que agrupa  a 600 personas que tienen sus furgonetas, dijo que con el número que actualmente trabajan no está en peligro la seguridad ni el confort de los estudiantes, pero su petición se mantiene. “Esperan nuevas reuniones ya con informes mas técnicos que políticos, porque creemos que aquí está la clave para satisfacer sus reclamos”, sostuvo.

Esta organización del transporte escolar está respaldada por el Sindicato de Choferes del Azuay, cuyo secretario general, Mesías Vicuña, indicó “que se debe dejar de lado la confrontación y no hacer amenazas de lado y lado”, luego pidió que los controles sean por parte de la EMOV y no de la Policía. Los choferes quedaron a la espera de las decisiones de las autoridades para seguir laborando en la ciudad.