La sucursal de la cooperativa Amazonas, en la ciudad de Riobamba, se mantuvo abierta durante la mañana de ayer. Sin embargo, la Policía aguardaba por Margarita Naranjo, funcionaria de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para cumplir el operativo de cierre de la oficina, según la documentación que portaban los uniformados.

Pero hasta las 16:00 de este miércoles, el procedimiento no se cumplía en la capital chimboracense. La entidad financiera tiene su matriz en  Puyo, la cual ya fue cerrada, además de otras sucursales en Ambato, Tena y Arajuno. Alrededor de 24.000 personas tienen depósitos en la organización crediticia.

Quien actúa como gerente en Riobamba, Édgar Momposita, entraba y salía del local y lucía nervioso, mientras, los empleados se mantenían en silencio, se negaban a dar declaraciones y solo cuando se requería su atención acudían a las cajas.

No obstante, fueron pocos quienes se acercaron durante la mañana a cumplir alguna gestión. Incluso fue posible observar a un cliente que llenaba una papeleta para depositar dinero con normalidad. “Vine a pagar un crédito”, dijo brevemente, antes de marcharse mostrando desconocimiento sobre la pugna surgida entre dos directivas de la entidad que reclaman su legitimidad para sí.

“No tenemos ninguna notificación de nuestros superiores. Estamos a la espera de indicaciones. Solo me explicaron que me comunicarán cualquier resolución por teléfono”, dijo el gerente al ser consultado sobre la situación  de la entidad, cuya sucursal está  en la calle Colombia y Lavalle, sector de La Condamine.

La agencia de Riobamba tiene 4.120 socios y opera en la entrega de créditos fundamentalmente al sector agrícola y productivo, según Momposita. Empezó a funcionar el 28 de marzo de 2008 y campesinos de parroquias de los cantones  Colta y Guamote son sus clientes, aunque también existen ahorristas de parroquias de Riobamba.

Luis Momposita, hermano de Édgar, afirmó ser el verdadero gerente general de la entidad, a pesar de que fuera destituido el año pasado en una asamblea de socios, bajo la acusación de haberse beneficiado de créditos vinculados por $ 1’200.000.