El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) convocó a una marcha para hacer escuchar sus inconformidades a las autoridades. La movilización será mañana desde las 09:00 y esta vez se les unirán grupos y dirigentes de las provincias vecinas de Tungurahua y Bolívar.
La concentración iniciará a la altura de los rieles del tren en el barrio La Estación, al occidente de Latacunga. Desde allí se movilizarán para denunciar el problema que enfrenta el sector agrícola: la sequía. Mientras autoridades aseguran que la falta de lluvias se debe al cambio climático, los campesinos apuntan como responsables a los dueños de las industrias brocoleras locales.
Para Leonidas Iza (foto), presidente del MICC, la principal prueba de esta denuncia son las bombas antigranizo que se decomisaron de la empresa Nintanga S.A. hace más de cinco años y que fueron destruidas en la comuna Chambapongo. “Pedimos una investigación a fondo por parte del MAE, Magap y la Gobernación”, expuso Iza.
En Cotopaxi se concentra el 80% de fábricas productoras de brócoli a nivel nacional. El crecimiento de este vegetal se ve afectado por la llegada de la etapa de lluvias y muere en contacto con el granizo.
Una de las comunidades más afectadas por la sequía es Jatun Juigua, en el cantón Pujilí.
Sobre este asunto, Reinaldo Tucumbi, dirigente local, aseguró que tanto los sembríos como los animales están muriendo por falta de agua, lo que acentúa el problema de la migración hacia las ciudades. “La gente se está yendo porque no tiene qué comer”, añadió Tucumbi.
Además, productores de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar comparten la preocupación sobre el precio de la leche, la cual, según Decreto 394 de 2015, se fijó el litro en
$ 0,42, pero se estaría comercializando en $ 0,30 y $ 0,25.
“Nos solidarizamos con Cotopaxi, pues en Tungurahua sufrimos por esta misma situación y también tenemos problemas con el transporte comunitario”, aseguró Rosa Jerez, presidenta del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT).
En ese contexto, la asambleísta tungurahuense Betty Jerez anunció, hace poco más de un mes, una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que permita el uso de camionetas con adecuaciones en el páramo. (I)
El transporte comunitario, un tema sensible
Otro punto que motiva la marcha es el control a las camionetas comunitarias, “Estos carros mueven nuestra economía. No buscamos que sean para siempre y requerimos una solución conjunta”, expresó Iza. La preocupación por el cierre de las escuelas comunitarias es otro tema de conflicto, al igual que las deudas con financieras públicas y privadas. Remigio Toalombo, dirigente de Bolívar, dio un plazo de 30 días para los acuerdos o harán una protesta nacional. (I)
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