La lucha de la nacionalidad Sarayaku por impedir la actividad petrolera en su territorio se inició en 1996, cuando el Estado otorgó una concesión a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para que explotara el denominado Bloque 23.

A inicios de 2003 CGC empezó la búsqueda de petróleo y para el efecto sembró pentolita (explosivo) en la zona. En ese punto, el pueblo indígena acudió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que interviniera e impidiera las actividades.

Tras varias instancias, el 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia condenando al Estado ecuatoriano a una serie de medidas de resarcimiento. Una de ellas es el pago de una indemnización de $ 1,4 millones a la nacionalidad.

Este monto será cancelado máximo hasta el 24 de julio de este año, según dio a conocer la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, María del Carmen Jácome, durante la reunión del viernes pasado para definir detalles entre representantes estatales y del pueblo amazónico.

Otro de los dictámenes de la CorteIDH fue la remediación del enterramiento de explosivos en territorio Sarayaku.

El organismo también dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso. Pero el establecimiento del lugar, la modalidad y más detalles de la disculpa  los dejó en manos de las partes.

Al respecto, la Subsecretaria dio a conocer que la comunidad pide que sea el Presidente de la República quien presente las excusas, pero aclaró que aún no se han definido detalles de este evento, incluida la opcional presencia del Primer Mandatario; además, que el Estado tiene hasta julio para presentar estas disculpas, cuando se cumple un año de la notificación de la sentencia.