El pueblo de Sarayaku, ubicado a 25 minutos en avión desde  la parroquia Shell en la zona sureste de la provincia de Pastaza, vivió un día especial el viernes 22 de marzo, cuando se cumplió la segunda reunión para avanzar en los diálogos y delinear los mecanismos que el Estado debe aplicar con el fin de  dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cerca de 300 habitantes llegaron para ser partícipes de la cita que mantuvieron delegados del Gobierno Nacional con el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

La delegación gubernamental estuvo compuesta por ocho miembros y encabezada por María del Carmen Jácome, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.  La comitiva arribó al lugar a las 10:00, en medio de una pertinaz precipitación.
Mientras que el Consejo de Gobierno  Tayja Saruta de la comunidad estuvo presidido por José Gualinga, presidente de Sarayaku, acompañado de Mario Melo, abogado defensor, y demás  integrantes del organismo.  

Al inició de la reunión, Gualinga expresó a nombre de su pueblo: “estamos abiertos a los dialogos, pero los mismos deben ser objetivos, transparentes y de buena fe”.

El tema central del encuentro fue el retiro de aproximadamente 1.400 kilogramos de pentolita (explosivo) que está  bajo tierra y en la parte exterior, en un área de 20 mil hectáreas del territorio sarayaku.

Rodrigo Braganza, oficial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), expuso las cinco opciones que podrían ser aplicadas para el retiro de la pentolita: búsqueda de material explosivo tipo pentolita sobre la superficie; detonación controlada de los puntos donde posiblemente se encuentre enterrada la pentolita; la encementación, para sepultar todo el material explosivo; dejar enterrado el material hasta su degradación, y el retiro físico de la pentolita. Para la ejecución de cualquiera de estos  métodos que se elija, se  deben cumplir con ciertas especificidades.

La Subsecretaria Jácome anunció que máximo hasta el 24 de julio del 2013, se efectuaría  la transferencia de 1,4 millones de dólares correspondientes a la indemnización que debe recibir la comunidad como reparación por daños. Sobre la disculpa pública que debe realizar el Presidente, dijo que dependerá de la decisión del Primer Mandatario y de su agenda personal.   

Al término de la reunión, que duró cerca de tres horas, de forma unánime resolvieron mantener una nueva cita en Puyo el próximo 2 de abril, en la que planificarán con mayores argumentos el trabajo que se realizará en el campo, para el retiro de los explosivos.

En la agenda de los delegados gubernamentales consta la consideración del pedido del Consejo de Gobierno de Sarayaku de  incluir a un dirigente indígena en las capacitaciones sobre derechos humanos; la conformación de una comisión para vigilar posibles impactos ambientales por la presencia del explosivo; la ejecución de un estudio social, económico y ambiental, y la determinación de los costos  que demande el retiro total de la pentolita. La ejecución de las actividades y el retiro de los explosivos por el momento no tienen fecha de duración.

Tanto para los indígenas  como para el sector oficial, esta segunda reunión fue positiva y ambas partes tienen la esperanza de que en su momento, se cumpla el anhelo de los indígenas de  vivir en paz sin el temor de que en su territorio  exista  la presencia de explosivos.