El Concejo de Riobamba fue convocado ayer para debatir sobre la destitución o permanencia en el cargo del alcalde Juan Salazar (actualmente en prisión).

Previamente y durante 15 días, la Comisión de Mesa que analizó el caso recabó información sobre las tres acusaciones en contra del funcionario: la toma de una calle pública para uso privado (en El Batán); incumplimiento de la resolución del Concejo sobre el presupuesto de 2012, y el presunto mal manejo de uso de claves entregadas por el Banco Central del Ecuador.

La Fiscalía de Chimborazo vinculó a tres ciudadanos más en el tema del desvío de fondos municipales

Esto luego de que unánimemente, el Concejo decidió iniciar el proceso para que ambas partes aporten con pruebas de cargo y descargo. El plazo para ello finalizó ayer, por lo que se dio paso a la convocatoria de la reunión extraordinaria del Concejo, la cual tuvo como único punto el tratamiento del tema de la destitución.

Una de las causas establecidas en el pedido de remoción, el caso del desvío de unos 13 millones de dólares de fondos municipales, fue la base para que la Fiscalía General del Estado pida la prisión preventiva por 90 días para Salazar.

El 26 de abril, día de la aprehensión, el fiscal general Galo Chiriboga declaró a la prensa: “Después de un informe emitido por la Contraloría y al existir indicios de responsabilidad penal en contra de Juan Salazar en el caso del desvío de fondos municipales, se procedió a detenerlo para investigaciones a la altura de Pelileo provincia de Tungurahua, y se mantiene orden de captura para el resto de personas implicadas en este caso”. Aquella misma noche se realizó la audiencia de formulación de cargos y posteriormente el dignatario fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social (CRS), donde permanece hasta hoy junto al tesorero municipal Mario Campos.

Otras de las personas implicadas en el caso en esa fecha fueron la exdirectora financiera Fanny Lazo y la asesora de Alcaldía Nelly Oviedo, quienes están prófugas.
Mientras que la Fiscalía de Chimborazo informó ayer que se vinculó a tres ciudadanos más en el proceso por el desvío de fondos.

Y por ello, la Corte Provincial de Justicia dictó orden de prisión preventiva en contra de A. Cuji, K. Sánchez y F. Chicaiza.

Con ellas son nueve las personas implicadas en el caso que se mantiene en investigación.